Latinus atribuye a los hermanos Olán conversaciones sobre una célula del CJNG; los audios conocidos no muestran a Andy negociando con el cártel.
Ciudad de México (ADN/Staff) – Una investigación publicada por Latinus difundió grabaciones atribuidas a Amílcar y Luis Alberto Olán, empresarios cercanos al entorno de Andrés Manuel López Beltrán, en las que se habla de una presunta relación con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz. Los materiales conocidos hasta ahora no muestran a López Beltrán participando directamente en esas conversaciones ni negociando con integrantes del grupo criminal.
La investigación sostiene que Amílcar Olán habría instruido a su hermano Luis Alberto para establecer contacto con personas vinculadas a una estructura criminal en Veracruz y que esa relación habría servido para brindar protección a determinadas actividades empresariales. Entre los nombres mencionados aparece Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado en la publicación como operador del CJNG en esa entidad.
La diferencia entre una relación directa y una cadena de vínculos resulta central para dimensionar los señalamientos. El material difundido construye una ruta que pasa de los hermanos Olán hacia presuntos operadores criminales y posteriormente hacia negocios relacionados con personas del entorno de López Beltrán, pero no acredita por sí mismo que el actual secretario de Organización de Morena haya conocido, autorizado o participado en esos acuerdos.
Los audios tampoco han sido presentados públicamente acompañados de un peritaje independiente que certifique las voces, su integridad, fechas, archivos originales o contexto completo. Esto no implica que sean falsos, pero obliga a distinguir entre una atribución periodística de las grabaciones y una prueba con autenticidad forense acreditada.
La publicación también relaciona a la célula mencionada con estructuras vinculadas al grupo conocido como La Barredora, lo que amplía el contexto criminal de los señalamientos. Sin embargo, una relación entre terceros cercanos a una figura política y personas vinculadas con el crimen organizado no equivale automáticamente a demostrar responsabilidad penal de esa figura.
El caso generó reacciones inmediatas de legisladores opositores, quienes presentaron los audios como evidencia de una supuesta colusión de López Beltrán con organizaciones criminales y exigieron investigaciones de la Fiscalía General de la República. Una exigencia política o una denuncia formal, sin embargo, no equivale a una investigación ministerial concluida ni a una determinación de responsabilidad.
La controversia se cruzó además con un pronunciamiento previo de la FGR en el que la institución negó contar con testigos protegidos que aportaran datos de prueba suficientes para iniciar una investigación contra López Beltrán por delitos relacionados con hidrocarburos. Ese mensaje no correspondía específicamente a los nuevos audios difundidos posteriormente por Latinus, por lo que presentarlo como una exoneración sobre estas grabaciones resulta impreciso.
La diferencia cronológica es relevante: el posicionamiento de la Fiscalía respondió a versiones sobre supuestos testigos protegidos y huachicol fiscal, mientras que la investigación sobre las grabaciones atribuidas a los hermanos Olán apareció después. No existe hasta ahora una determinación pública de la FGR que concluya que los nuevos audios sean falsos o que haya investigado su contenido.
Tampoco está públicamente acreditado que el retiro de una visa estadounidense a López Beltrán esté relacionado con el CJNG, con los hermanos Olán o con investigaciones sobre contrabando de combustible. Mientras las autoridades estadounidenses no hagan pública una causa específica, asociar automáticamente ambos temas representa una inferencia.
El punto central de la investigación permanece abierto: establecer si la relación atribuida a los hermanos Olán con operadores criminales tuvo algún conocimiento, participación o beneficio directo para Andrés Manuel López Beltrán. Para demostrarlo serían necesarios elementos adicionales como comunicaciones directas, transferencias financieras, contratos, testimonios independientes, documentos oficiales o una investigación ministerial que conecte cada uno de esos eslabones.
Con información de Latinus
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