Los secretos que el Gobierno de México oculta sobre sus vulnerabilidades cibernéticas. Parte I
Entre 2019 y 2026, México ha enfrentado una creciente ola, sin precedentes, de ciberataques contra instituciones públicas que ha revelado una preocupante falta de políticas de protección digital exponiendo las vulnerabilidades y fallas estructurales en su infraestructura tecnológica, así como la corrupción y negligencia que han cobrado factura en cientos de millones de pesos a los contribuyentes. Dependencias como el INDAUTOR, SAT, IMSS, IMSS-Bienestar, SEP, Secretaría de Salud, el Gobierno de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica de la Presidencia, así como el partido MORENA, han sufrido vulneraciones cuyos efectos alcanzaron a millones de ciudadanos. La información robada: datos personales, registros médicos, bases administrativas completas y padrones políticos terminaron circulando en la deep web, exponiendo a la población a riesgos de suplantación de identidad y fraude.
La seguridad nacional digital quedó expuesta y el gobierno, en lugar de reconocer la gravedad del problema, lo minimizó. Análisis de especialistas en ciberseguridad señalan que la combinación del subejercicio presupuestal en tecnología resultado de la política de “austeridad republicana”, la contratación de empresas sin experiencia elegidas por lealtad al oficialismo, una infraestructura obsoleta y la posible complicidad de funcionarios han dejado al gobierno mexicano y a los ciudadanos virtualmente indefensos ante el cibercrimen organizado, tanto nacional como internacional. México, en consecuencia, se ha convertido en uno de los países más vulnerables de la región.
El 2019 marcó el inicio de esta crisis digital con varios incidentes significativos. En marzo de ese año, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) habría sufrido un ataque que paralizó sus sistemas durante más de una semana, impidiendo que miles de adultos mayores recibieran sus apoyos económicos. Aunque oficialmente se atribuyó el ataque a “fallas técnicas”, fuentes internas confirmaron de manera anónima a medios de comunicación que presuntamente se había pagado un rescate de aproximadamente 50,000 dólares en criptomonedas a un grupo de hackers para que liberaran el bloqueo.
En julio de ese mismo año, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) habría enfrentado una brecha de seguridad que expuso información sensible relacionada con contratos de exploración y producción de petróleo. Versiones internas señalan que el incidente se originó a partir de credenciales comprometidas de un proveedor que no habría cumplido con los protocolos básicos de seguridad. Aunque la CNH nunca reconoció públicamente el ataque, solicitudes de información y testimonios técnicos sugieren que sí ocurrió una vulneración.
El caso más preocupante de 2019 ocurrió cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó un acceso no autorizado a sus bases de datos. Aunque las autoridades negaron inicialmente cualquier filtración, posteriormente testimonios extraoficiales confirmaron que la información de alrededor de 2 millones de contribuyentes había sido extraída. La investigación se enfocó en un grupo extranjero de hackers que habría utilizado una vulnerabilidad para el robo de identidad y fraude fiscal. El gobierno federal nunca admitió públicamente la magnitud del ataque, aunque en pláticas de pasillo en la dependencia se dijo que supuestamente se destinaron más de 10 millones de pesos a la recuperación de sistemas. Esta dependencia ha sufrido más ataques.
La falta de transparencia oficial, la ausencia de informes técnicos completos y la opacidad en la gestión de incidentes han dejado a la ciudadanía sin claridad sobre el alcance real de la crisis. Lo que sí es evidente es que México enfrenta un desafío de seguridad digital sin precedentes, cuyo origen se remonta a años de negligencia institucional.
No es cuanto. Continuará…
Aly Corany Abdallah
Analista, socialdemócrata y librepensador.
Licenciado en Derecho, Licenciado en Gestión y Desarrollo Empresarial, y TSU en Comercialización Inmobiliaria. Actualmente, cursa la Maestría en Derecho Digital y Juicios en Línea. Su enfoque multidisciplinario le permite analizar la realidad política y geopolítica desde una perspectiva integral.
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