En política, la congruencia suele ser la primera víctima de los intereses partidistas. Lo ocurrido recientemente en Chihuahua evidencia una preocupante doble moral por parte del PAN y sus aliados cuando se trata de rendición de cuentas.
Por un lado, la gobernadora María Eugenia Campos Galván decidió ignorar una invitación formulada por el Senado de la República para explicar la participación ilegal de agentes de la CIA en operativos realizados en territorio chihuahuense. Se trata de un asunto de enorme relevancia, pues involucra posibles violaciones a la soberanía nacional y cuestionamientos sobre la actuación de autoridades estatales al respecto. Lejos de privilegiar la transparencia y ofrecer respuestas claras a la ciudadanía, la mandataria optó por la ausencia.
Más grave todavía. Cuando legisladores de Morena promovieron que la gobernadora compareciera ante el Congreso del Estado para explicar estos hechos, los diputados panistas utilizaron su mayoría y sus mecanismos de control político para impedirlo. Es decir, no solo la titular del Ejecutivo rechazó dar explicaciones, sino que su propio partido se encargó de blindarla frente a cualquier ejercicio de escrutinio público.
La historia fue muy distinta cuando el señalado fue el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. A partir de acusaciones relacionadas con presuntas omisiones en el reporte del ISR retenido a trabajadores municipales —una responsabilidad administrativa que correspondía a gobiernos anteriores—, los diputados panistas solicitaron su comparecencia. La diferencia es que, en este caso, quien fue llamado a rendir cuentas no se escondió ni buscó protección política.
Al ver que Pérez Cuellar estaba dispuesto a dar la cara, los diputados panistas intentaron boicotear el ejercicio que ellos mismos habían solicitado, limitándolo finalmente a una reunión ante la Junta de Coordinación Política y evitando que se desarrollara en el Pleno del Congreso, pero no pudieron impedir que Pérez Cuéllar acudiera y respondiera. Ahí presentó documentación, desmintió las acusaciones y demostró que los señalamientos no correspondían a actos realizados durante su administración.
Más aún, aprovechó la oportunidad para exponer resultados de gobierno y contrastarlos con los obtenidos por la administración municipal panista de Chihuahua capital, encabezada por Marco Bonilla. Fue precisamente ese contraste el que incomodó a los diputados panistas Jorge Soto y Xóchitl Contreras, quienes pasaron de exigir explicaciones a intentar desacreditar un ejercicio que terminó exhibiendo la debilidad de sus acusaciones.
La diferencia entre ambos casos es contundente. Cuando las preguntas apuntan hacia la gobernadora, el PAN bloquea comparecencias, evita debates y justifica ausencias. Cuando las preguntas se dirigen hacia un adversario político, exige transparencia, promueve llamados a cuentas y convierte las sospechas en escándalos mediáticos. Conclusión: el PAN hizo el ridículo.
Pedro Torres
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