Cuando la política se convierte en espectáculo y el ciudadano paga la cuenta
En México, la política ha perfeccionado una de sus artes más antiguas; el espectáculo.
No importa el color de la camiseta, el diseño de la cachucha o el eslogan de moda.
Azules, guindas, verdes, o tricolores compiten diariamente por demostrar quién tiene la razón absoluta mientras el ciudadano común continúa atrapado entre discursos, promesas y una realidad que se niega a cambiar.
La democracia tiene costos inevitables. Organizar elecciones, garantizar instituciones electorales y fomentar la participación ciudadana son inversiones necesarias para cualquier sociedad libre.
Lo preocupante es cuando los recursos destinados a fortalecer la vida pública terminan alimentando una industria paralela del acarreo, la propaganda permanente y la simulación política.
Basta observar cualquier evento partidista de mediana o gran escala para comprender la magnitud del gasto; transporte, combustible, alimentos, bebidas, lonas, sonido, escenarios, camisetas, gorras, banderas, brigadas de promoción y, en muchos casos, pagos directos a asistentes que frecuentemente rondan entre 500 pesos o más por jornada.
La ecuación resulta insultante.
Mientras organismos oficiales reportan carencias persistentes en infraestructura urbana, rezagos en pavimentación, déficit de espacios educativos, insuficiencia de servicios médicos y problemas crónicos de movilidad, los recursos para la promoción política parecen no conocer límites.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), millones de mexicanos continúan enfrentando carencias sociales básicas.
Paralelamente, gobiernos de todos los niveles destinan miles de millones de pesos cada año a comunicación social, publicidad institucional y actividades de promoción cuya efectividad para resolver problemas públicos es, cuando menos, cuestionable.
Pero el costo no es únicamente económico. Existe también una factura emocional que rara vez aparece en los informes financieros.
Son miles de ciudadanos obligados por compromisos laborales, favores políticos o necesidades económicas a soportar temperaturas extremas, largas esperas, lluvias, vientos o jornadas agotadoras para llenar plazas y auditorios. Personas que deben aplaudir cuando se les indica, vitorear cuando se les ordena y aparentar entusiasmo para sostener la narrativa de una supuesta cercanía con el pueblo.
El mensaje es claro; el político necesita la fotografía; el ciudadano necesita sobrevivir.
La relación, sin embargo, está lejos de ser recíproca. El ciudadano cumple. Asiste.
Se moviliza.
Porta la camiseta que le entregan.
Cambia de color según la ocasión.
Hoy es azul; mañana guinda; pasado mañana cualquier combinación que exija el evento en turno.
A cambio recibe promesas de apoyos, materiales de construcción, despensas, empleos temporales o gestiones que muchas veces nunca llegan. Cuando las cámaras se apagan y los reflectores desaparecen, las calles continúan llenas de baches, las colonias permanecen en penumbras, las rutas de transporte siguen siendo insuficientes y la inseguridad continúa imponiendo sus propias reglas.
La paradoja es brutal.
Un evento político puede durar tres o cuatro horas y consumir recursos considerables en logística y movilización.
Sin embargo, los proyectos para resolver problemas estructurales y sociales pueden permanecer detenidos durante años por falta de presupuesto, voluntad o capacidad de gestión.
Lo urgente se posterga mientras lo visible se financia.
Lo necesario espera mientras lo mediático se celebra.
La política moderna parece haber confundido gobernar con producir eventos.
Se mide el éxito por la cantidad de asistentes, no por la calidad de los resultados.
Se presume la convocatoria, no la solución.
Se contabilizan aplausos, pero no se evalúan los indicadores de bienestar. En este modelo, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos para convertirse en utilería electoral.
La verdadera pregunta no es cuánto cuesta una campaña, una manifestación o un mitin. La pregunta es cuánto cuesta para una ciudad perder años enteros de desarrollo mientras sus gobernantes y aspirantes se encuentran inmersos en una guerra permanente de propaganda.
¿Cuántas calles pavimentadas equivalen a una temporada de espectaculares?
¿Cuántos centros comunitarios podrían construirse con lo que cuesta una estructura de promoción política? ¿Cuántas guarderías, clínicas o parques podrían surgir donde hoy solamente aparecen bardas pintadas y promesas recicladas?
La democracia necesita ciudadanos informados, críticos y participativos.
Lo que no necesita es una industria del aplauso pagado.
Porque al final, detrás de cada evento multitudinario, de cada fotografía cuidadosamente planeada y de cada discurso triunfalista, existe una realidad innegable; alguien está pagando la cuenta.
Y casi siempre es el mismo de siempre; el ciudadano.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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