Antonia Alcalá llegó al suroriente de Juárez hace veinte años creyendo lo que le vendieron: que con el tiempo las cosas mejorarían. Hoy vive con ocho personas en una casa de la colonia Olivia Espinoza donde el agua llega cuando quiere y la luz a veces no llega. Veinte años. Dos décadas de espera y la promesa sigue siendo la misma. Lo que cambió es el tamaño del fracaso: la zona que en los años noventa era periferia informal hoy concentra más de 500 mil habitantes, y las carencias que antes eran propias de un asentamiento nuevo siguen siendo las mismas, solo que ya no hay ningún pretexto que las justifique.
Agréguele que entre 20 y 30 escuelas del subsistema estatal tienen problemas graves de abastecimiento de agua, y alrededor de 60 planteles operan con instalaciones eléctricas tan obsoletas que no soportan la demanda de ventiladores ni sistemas de enfriamiento. En una ciudad donde el verano supera los 40 grados con regularidad, eso no es un problema técnico menor. Es un niño sentado frente a un pizarrón en 42 grados, tratando de aprender algo mientras suda y espera que alguien, en alguna oficina, decida que eso merece atención.
Lo que hace especialmente difícil de entender esta situación es lo que ocurre en paralelo. Mientras las escuelas se quedan sin agua y sin luz, el Cabildo sigue aprobando nuevos desarrollos habitacionales en la misma zona. En mayo de este año, representantes del Ayuntamiento dictaminaron favorablemente cambios de uso de suelo para más vivienda económica en el suroriente, pese a las advertencias explícitas de Plan Estratégico de Juárez sobre el déficit de infraestructura que ya existe. La JMAS y la CFE firmaron sus dictámenes de factibilidad en sentido positivo. Ese es el ciclo que se repite: primero se construye, después se lamenta.
Los números de lo que ya acumula este año son elocuentes en su crudeza. Los reportes por falta de agua en el municipio superan los tres mil 500 en lo que va de 2026, y las fallas eléctricas a pozos suman dos mil 400. No son averías aisladas ni producto de tormentas extraordinarias. Son el síntoma de una infraestructura que nunca fue diseñada para sostener el crecimiento que se le impuso encima, y que hoy cruje bajo el peso de medio millón de personas que merecían servicios básicos desde hace mucho tiempo.
Además, la organización civil Ciudadanos por el Interés Público documentó que en el suroriente faltan escuelas para más de 33 mil menores, que los centros de salud son insuficientes y que el transporte público es un chiste de mal gusto para quien tiene que cruzar la ciudad a las cinco de la mañana para llegar a su turno.
El suroriente de Juárez es el retrato más honesto de lo que esta ciudad hace con sus habitantes más vulnerables. Los recibe, los instala en fraccionamientos que parecen ciudad pero funcionan como campamentos, les cobra impuestos, les vende lotes, les promete servicios y después los deja resolviendo solos lo que el Estado debió garantizar desde el principio.
No hay mala voluntad declarada en ningún documento oficial. Solo hay una larga cadena de decisiones donde el crecimiento siempre tuvo prioridad sobre la dignidad, donde los dictámenes de factibilidad se firmaron con optimismo y la infraestructura llegó tarde, a medias o no llegó.
Juárez lleva décadas siendo señalada como ciudad de oportunidades. Para la industria, para el comercio, para la inversión. Lo que nadie pone en el folleto es que esa ciudad de oportunidades tiene un suroriente donde los niños estudian – cuando tienen escuelas – sin agua y sin luz en pleno siglo veintiuno. Mientras eso siga siendo aceptable, mientras el Cabildo siga aprobando fraccionamientos sobre un déficit que ya existe y nadie lo pague con su cargo, la promesa que le vendieron a Antonia hace veinte años seguirá siendo lo mismo: una promesa rota.
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