La colaboración con la NYPD fue anunciada oficialmente en 2024; especialistas advierten que convenios internacionales en materia de seguridad requieren revisión constitucional
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La reciente observación de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el uso de emblemas de la Policía de Nueva York (NYPD) en patrullas del Municipio de Chihuahua volvió a colocar bajo revisión pública el acuerdo de colaboración firmado en 2024 entre el gobierno municipal panista y corporaciones estadounidenses.
El tema comenzó a cobrar relevancia nacional después de la marcha realizada el pasado sábado en Chihuahua, cuando periodistas y comunicadores que acudieron a cubrir la movilización documentaron unidades municipales con insignias y referencias visuales de la NYPD.
Durante su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente este tipo de prácticas y recordó que la cooperación internacional en materia de seguridad debe sujetarse al marco constitucional mexicano y a los mecanismos institucionales correspondientes.
Sin embargo, el antecedente oficial del acuerdo existe desde el 29 de enero de 2024, cuando el Municipio de Chihuahua difundió públicamente la firma de una colaboración con la Policía de Nueva York bajo el argumento de fortalecer capacidades de capacitación y profesionalización policial.
En aquel comunicado oficial, el gobierno municipal encabezado por Marco Bonilla informó que se establecieron mecanismos de cooperación institucional con integrantes de la NYPD para intercambio de experiencias y formación táctica.
El caso abrió nuevamente el debate sobre los límites constitucionales que tienen municipios y gobiernos locales para establecer vínculos de colaboración internacional en temas relacionados con seguridad pública.
De acuerdo con el artículo 76 de la Constitución mexicana, corresponde al Senado de la República autorizar la salida de tropas nacionales, el ingreso de fuerzas extranjeras y revisar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal.
Además, especialistas en derecho constitucional y seguridad nacional han sostenido históricamente que los convenios internacionales en materia de seguridad deben realizarse mediante canales federales y bajo coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Senado, particularmente cuando implican capacitación, intercambio operativo o colaboración con corporaciones policiales extranjeras.
La discusión adquirió mayor relevancia tras las investigaciones federales abiertas por el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde la Fiscalía General de la República indaga posibles delitos relacionados con seguridad nacional y la presencia de civiles extranjeros en acciones encabezadas por corporaciones estatales de Chihuahua.
Hasta el momento, ni el Municipio de Chihuahua ni el gobierno estatal han informado públicamente si el acuerdo de colaboración con la NYPD fue notificado o sometido a revisión de autoridades federales o del Senado mexicano.
Tampoco se ha precisado el alcance jurídico y operativo de dicha cooperación ni los mecanismos bajo los cuales elementos municipales recibieron capacitación o utilizaron insignias relacionadas con corporaciones estadounidenses.
El tema comenzó a escalar políticamente luego de que Morena y actores de la Cuarta Transformación acusaran al gobierno de Chihuahua de mantener una política de acercamiento irregular con agencias y corporaciones extranjeras en materia de seguridad.
La controversia ocurre además en un contexto de tensión política entre el gobierno federal y la administración estatal panista encabezada por María Eugenia Campos Galván, tras las investigaciones derivadas del desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.
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