La controversia por la participación de ciudadanos estadounidenses en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación en la Sierra Tarahumara dejó de ser únicamente un asunto de seguridad pública para convertirse en un problema político de primer orden para el gobierno de María Eugenia Campos. Más allá de la discusión sobre si los extranjeros actuaban como asesores, observadores o agentes encubiertos, el fondo del debate gira ahora en torno a la responsabilidad institucional del Ejecutivo estatal y los límites de la soberanía nacional.
La postura de la gobernadora ha sido clara: aseguró no haber tenido conocimiento ni haber autorizado la presencia de personas extranjeras en el convoy que participó en el operativo desarrollado en abril pasado en la zona serrana de Morelos. Sin embargo, el problema para el discurso oficial no es únicamente político, sino jurídico. La propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado establece que la Fiscalía General del Estado forma parte de la administración pública centralizada, es decir, del aparato gubernamental encabezado precisamente por la titular del Ejecutivo.
Ese detalle legal desmonta parcialmente cualquier intento de deslinde absoluto. Aunque la Fiscalía cuente con autonomía técnica y operativa en determinadas funciones, políticamente continúa siendo una institución integrada al gobierno estatal. En otras palabras, la ciudadanía difícilmente distinguirá entre “Fiscalía” y “Gobierno del Estado” cuando se trata de un operativo de alto impacto donde participaron mandos de primer nivel y vehículos oficiales.
El caso se vuelve todavía más delicado por los elementos revelados por la propia investigación interna: extranjeros trasladados desde Chihuahua capital en unidades oficiales, con acceso privilegiado al entonces director de la AEI, rostros cubiertos durante el trayecto y ausencia de registros formales sobre autorizaciones superiores. No se trata de un error administrativo menor. Son circunstancias que inevitablemente despiertan sospechas sobre posibles mecanismos de cooperación fuera de los canales diplomáticos y legales establecidos.
México tiene una larga historia de sensibilidad respecto a la intervención extranjera en asuntos de seguridad. Chihuahua, además, carga con antecedentes complejos derivados de la guerra contra el narcotráfico y de la colaboración binacional en inteligencia, particularmente por su condición fronteriza. Durante años han existido esquemas de coordinación con agencias estadounidenses, pero formalmente regulados y bajo protocolos específicos. Precisamente por eso, la opacidad en este caso resulta políticamente explosiva.
Morena encontró en este episodio un terreno fértil para golpear a la administración estatal. El anuncio de movilizaciones, solicitudes de juicio político y acusaciones sobre violaciones a la soberanía nacional forman parte de una estrategia que busca colocar a Maru Campos en una posición defensiva rumbo a la recta final de su sexenio. También refleja el clima de confrontación permanente entre gobiernos estatales de oposición y el oficialismo federal.
No obstante, el tema merece una discusión menos partidista y más institucional. Si existió presencia irregular de ciudadanos extranjeros en un operativo estatal, debe esclarecerse quién los invitó, bajo qué figura participaron, qué información tuvieron a su alcance y si se vulneraron normas nacionales en materia de seguridad. Pero también debe evitarse convertir el caso en una herramienta exclusivamente electoral, porque el riesgo es terminar sustituyendo la búsqueda de verdad por el espectáculo político.
La renuncia del fiscal General, César Jauregui Moreno, y ahora Guillermo Arturo Zuany, fiscal del Operaciones Estratégicas y Antisecuestro evidencia que dentro de la propia estructura estatal existe conciencia de la gravedad del asunto. Cuando funcionarios de alto nivel comienzan a abandonar posiciones, normalmente es porque las investigaciones internas ya identificaron responsabilidades o, al menos, irregularidades difíciles de sostener públicamente.
En paralelo, la intervención de la Fiscalía General de la República coloca el conflicto en otra dimensión. Ya no se trata sólo de una crisis local, sino de un asunto que puede involucrar temas de soberanía, cooperación internacional y seguridad nacional. Ahí es donde el gobierno estatal enfrenta su principal desafío: demostrar que, aun en medio del combate al crimen organizado, no se cruzaron líneas legales ni constitucionales.
El operativo logró un golpe importante contra la producción de metanfetaminas, y eso no debe minimizarse. Pero en un Estado de derecho, incluso los éxitos contra el crimen deben sujetarse a reglas claras. Porque cuando la eficacia se separa de la legalidad, la confianza institucional comienza a erosionarse. Y en Chihuahua, una entidad marcada históricamente por la violencia y la desconfianza hacia las corporaciones de seguridad, ese desgaste puede tener consecuencias políticas profundas.
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
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