En la vida pública, el silencio rara vez es neutral. Menos aún cuando hay recursos de por medio, decisiones trascendentales en curso y una ciudadanía que ha hablado con claridad.
En ese contexto, guardar silencio no es prudencia; es una forma de tomar partido.
Tras el pronunciamiento ciudadano sobre la aplicación de la sobretasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en Ciudad Juárez, lo que siguió no fue una respuesta institucional, ni una postura técnica, ni siquiera un intento de matizar o debatir.
Lo que siguió fue un vacío. Un silencio sostenido por parte de autoridades estatales, organismos empresariales y actores clave del desarrollo económico.
Pero ese silencio no es inocuo.
Cuando se omite responder a cuestionamientos documentados sobre el destino de más de 2,700 millones de pesos, cuando no se aclaran los criterios de priorización de la inversión, cuando se evade la discusión sobre la ausencia de infraestructura social en zonas como el suroriente, lo que se construye no es estabilidad; es opacidad.
Y la opacidad, en el ejercicio del poder, siempre beneficia a alguien.
El planteamiento ciudadano no surgió de la especulación ni de la consigna.
Surgió de un diagnóstico profundo; una ciudad donde la violencia no solo es un problema de seguridad, sino un lastre económico; donde la falta de escuelas, centros de salud y espacios comunitarios en amplias zonas urbanas alimenta ciclos de exclusión; donde el crecimiento no se traduce en bienestar.
Frente a eso, la exigencia fue clara; transparencia, participación y una reorientación del gasto hacia infraestructura social que atienda las causas estructurales de la desigualdad.
No hubo respuesta.
Y ahí es donde el silencio deja de ser omisión para convertirse en complicidad.
Complicidad con un modelo de inversión que privilegia lo visible sobre lo necesario.
Complicidad con decisiones que se toman sin abrirse al escrutinio público.
Complicidad con una lógica que normaliza que medio millón de personas en el suroriente permanezcan fuera de las prioridades reales del desarrollo.
Porque callar, en este caso, implica aceptar.
Aceptar que la discusión pública puede ser ignorada.
Aceptar que la ciudadanía puede ser excluida de decisiones que le afectan directamente.
Aceptar que el desarrollo puede seguir midiéndose en obras, aunque la realidad social cuente otra historia.
Y no se trata de una acusación ligera.
Se trata de una lectura responsable del momento.
Las instituciones gubernamentales y empresariales no solo administran recursos; administran confianza.
Y la confianza no se sostiene en el silencio, sino en la capacidad de explicar, justificar y, cuando es necesario, rectificar.
Lo contrario erosiona la legitimidad.
Porque si no hay argumentos para defender las decisiones, si no hay datos que respalden la priorización, si no hay apertura al diálogo, entonces la percepción inevitable es que hay algo que no se quiere decir.
Y en política pública, lo que no se dice también pesa.
Mientras tanto, el suroriente sigue acumulando rezagos. Niñas y niños sin acceso suficiente a educación, familias sin servicios de salud cercanos, comunidades sin espacios de integración. Condiciones que no solo vulneran derechos, sino que alimentan los mismos problemas que después se intentan contener con más gasto en seguridad.
Es un círculo que ya conocemos.
Romperlo implica decisiones valientes.
Pero también implica algo más básico: voluntad de escuchar y de responder.
Hoy, lo que está en juego no es solo la asignación de un recurso.
Es la forma en que se toman las decisiones públicas en Ciudad Juárez. Es la relación entre ciudadanía, gobierno y sector empresarial.
Es la credibilidad de un modelo de desarrollo que, sin rendición de cuentas, corre el riesgo de volverse insostenible.
Por eso, el silencio no puede normalizarse.
Porque cuando quienes deben explicar callan, y quienes pueden cuestionar también, lo que se instala no es consenso: es resignación.
Y una ciudad que se resigna a no ser escuchada, termina por acostumbrarse a no ser prioridad.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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