Legisladora solicita intervención urgente tras excarcelación de imputado en caso ocurrido en 2019
Ciudad de México (ADN/Staff) – La diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy presentó un punto de acuerdo para solicitar la revisión urgente de la actuación judicial que derivó en la liberación de un presunto feminicida en la capital del país.
El exhorto está dirigido al Poder Judicial Federal, al Tribunal de Disciplina Judicial y a la Fiscalía, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y debida diligencia en el caso del feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, ocurrido en 2019.
De acuerdo con el planteamiento, el imputado, Mario Alberto “N”, había sido vinculado a proceso en 2023 y se encontraba bajo prisión preventiva, medida que fue revocada el pasado 23 de marzo de 2026 mediante un amparo concedido por la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
“La justicia que no incorpora perspectiva de género no es justicia: es impunidad”
La legisladora advirtió posibles irregularidades graves en la resolución judicial, entre ellas un presunto conflicto de interés, la omisión de notificar a las víctimas indirectas y la falta de valoración sobre el riesgo de fuga y la seguridad de los familiares.
Asimismo, señaló que la decisión habría sido emitida sin incorporar una perspectiva de género, al no considerar el contexto de violencia, antecedentes entre víctima e imputado ni factores de riesgo establecidos en estándares nacionales e internacionales.
En el documento también se expone que la falta de notificación a las víctimas indirectas constituye una forma de violencia institucional, al limitar su derecho a participar en el proceso y acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
El punto de acuerdo también hace referencia a actos de intimidación contra familiares y colectivas feministas, ocurridos durante una manifestación frente a juzgados federales el pasado 9 de abril, lo que —según se indica— agrava el contexto de vulnerabilidad.
Ante este escenario, la diputada solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial analizar de inmediato la queja contra la jueza, valorar su posible suspensión provisional y, en su caso, aplicar sanciones.
Además, pidió a la Fiscalía dar seguimiento puntual al caso, interponer los recursos legales necesarios contra la excarcelación y garantizar la protección integral de las víctimas indirectas, evitando actos de revictimización.
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