Buscan obligar a autoridades federales a transparentar planes, costos e impactos del proyecto en Socorro, Texas.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Condado de El Paso, Texas, interpuso una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para exigir información detallada sobre la construcción de un megacentro de detención para personas migrantes en el municipio de Socorro, en medio de preocupaciones por su impacto regional.
La acción legal fue presentada ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, luego de que la Corte de Comisionados del condado autorizara el litigio en sesión celebrada el 6 de abril. La procuradora del condado, Christina Sánchez, promovió el recurso con base en la presunta falta de respuesta del ICE a solicitudes formales de información.
El proyecto contempla una instalación de gran escala, que podría convertirse en la más grande del país, con una capacidad estimada de hasta 5,000 personas migrantes detenidas, e incluso reportes que apuntan a una posible ampliación a 8,500 espacios. Imágenes aéreas han mostrado estructuras temporales en una zona desértica, lo que sugiere un desarrollo acelerado.
De acuerdo con autoridades locales, desde enero han circulado informes sobre la adquisición de un terreno en Socorro por más de 122 millones de dólares, así como la presunta asignación de un contrato de 30 millones de dólares sin proceso de licitación para el diseño del complejo. Hasta ahora, el ICE no ha confirmado oficialmente estos datos ni ha detallado el alcance del proyecto.
“La transparencia es esencial para garantizar que tanto el público como los gobiernos locales comprendan plenamente lo que está ocurriendo”, afirmó la procuradora Christina Sánchez.
La demanda se sustenta en la Ley de Libertad de Información, que obliga a las agencias federales a responder solicitudes en un plazo máximo de 20 días. Según el condado, una petición presentada en febrero no recibió respuesta, lo que motivó el recurso judicial para que un tribunal ordene la entrega inmediata de documentos relacionados con la planeación, financiamiento e impacto ambiental.
El litigio se da en un contexto de creciente tensión en la región fronteriza, donde más de 200 residentes han manifestado inquietudes sobre el uso de recursos limitados, particularmente el agua potable, así como la presión potencial sobre servicios de emergencia y sistemas de salud pública.
Sánchez advirtió que una instalación de esta magnitud podría generar una carga significativa para la infraestructura local, afectando directamente a las comunidades cercanas.
Este nuevo recurso legal se suma a otra demanda interpuesta el 26 de enero, relacionada con la muerte de 14 personas mexicanas bajo custodia del ICE o durante operativos en 2025. En ese caso, el Gobierno de México ha anunciado su intención de adherirse a la acción colectiva impulsada por organizaciones civiles.
Con esta demanda, el condado de El Paso busca no solo obtener información, sino también establecer un precedente que obligue a las autoridades federales a actuar con mayor transparencia en proyectos de alto impacto para comunidades locales en la frontera.
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