El caso que ha conmovido a Europa, el de la joven española Noelia Castillo, plantea preguntas que trascienden fronteras. A sus 25 años, tras sobrevivir a una agresión sexual múltiple que la dejó marcada física y emocionalmente, su historia exhibe una tragedia que no reconoce nacionalidades. En esta primavera de 2026, su sufrimiento nos obliga a mirarnos en el espejo y preguntarnos si en México estamos cumpliendo con lo que promete nuestra Constitución. ¿Puede el Estado considerarse garante de derechos si no atiende integralmente la salud mental de quienes han sobrevivido a la violencia extrema?
No se trata de un hecho aislado. Es el síntoma de una falla estructural. La dignidad humana exige algo más que sobrevivir: exige condiciones reales para reconstruir la vida. El Estado fracasa cuando una víctima logra salir con vida de un ataque, pero queda abandonada frente al trauma. Es como rescatar a un náufrago del mar para dejarlo deshidratado en la orilla. Sin acompañamiento terapéutico oportuno y especializado, la llamada reparación del daño se convierte en una simulación burocrática.
El artículo cuarto constitucional consagra el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, en la práctica hemos permitido que la salud mental sea la gran relegada del presupuesto público. Las listas de espera, la escasez de psiquiatras en el sistema público y la ausencia de atención continua revelan una omisión grave. ¿De qué sirve presumir un marco jurídico avanzado si carecemos de infraestructura clínica suficiente para sostener a quienes han sido quebrados por la violencia? Ignorar la salud mental no es un descuido administrativo: es una violación por omisión.
El deterioro emocional que puede llevar a una joven al límite no surge de la nada. Es la consecuencia de un entorno que normaliza la impunidad y minimiza el trauma. Frente a ello, debemos reivindicar una solidaridad bioética: un compromiso colectivo de cuidado efectivo hacia quienes atraviesan vulnerabilidad extrema. La compasión no es lástima, es política pública con presupuesto, protocolos y seguimiento.
Viktor Frankl escribió que el sufrimiento encuentra sentido cuando la persona descubre un para qué. Pero esa búsqueda no puede recaer exclusivamente en quien ha sido herida. El Estado tiene la obligación de ofrecer herramientas profesionales, acompañamiento continuo y entornos seguros que hagan posible esa reconstrucción.
Respetar la Constitución no es venerar un texto solemne, es materializar sus garantías en la vida cotidiana. La democracia se mide en la forma en que protege a quienes más sufren. Nuestra mayor deuda no es jurídica, es humana. Y saldarla implica entender que la salud mental no es un privilegio, sino un mandato constitucional impostergable.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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