La indagatoria federal por más de 73.9 millones de pesos alcanzó a familiares del exgobernador, mientras persisten dudas sobre el caso de su esposa.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La Fiscalía General de la República mantiene abierta una línea de investigación sobre la posible participación de familiares de César Duarte Jáquez en el presunto esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el que el exgobernador de Chihuahua fue detenido el 8 de diciembre de 2025 y vinculado a proceso días después.
La acusación federal sostiene que durante su gestión en Chihuahua se habría intentado ocultar el origen de 73 millones 925 mil 995 pesos, parte de un universo de 96 millones 685 mil 253 pesos cuya procedencia no habría podido acreditarse. La hipótesis ministerial describe un mecanismo de mezcla y dispersión de recursos públicos mediante empresas vinculadas al círculo cercano del exmandatario.
En documentos judiciales difundidos tras la audiencia de vinculación, la investigación alcanzó a Bertha Olga Gómez Fong y a los hijos del exgobernador, identificados como César Adrián, Bertha Isabel y Olga Sofía Duarte Gómez, además de personas físicas y morales relacionadas con operaciones financieras, ganaderas y empresariales. La ruta del dinero bajo análisis incluye transferencias, depósitos y movimientos entre cuentas bancarias y sociedades mercantiles.
La nueva causa penal federal avanzó después de que el gobierno de Estados Unidos autorizó procesar a Duarte por un delito distinto a aquellos por los que fue extraditado en 2022. Con esa autorización, concedida el 4 de diciembre de 2025, la FGR ejecutó la orden de aprehensión librada desde el 16 de mayo de 2024 y llevó el caso ante un juez federal en Almoloya.
En ese contexto, reportes periodísticos publicados en diciembre señalaron que Bertha Gómez de Duarte habría sido detenida por autoridades migratorias en El Paso, Texas, y que su situación era revisada a partir de la reapertura de indagatorias relacionadas con el mismo esquema financiero. Sin embargo, hasta ahora no se localizó una confirmación pública, directa y detallada de la FGR o del ICE que precise el estatus procesal de Gómez Fong dentro de esta causa.
La línea que involucra a los hijos de Duarte no equivale, por sí misma, a una imputación formal o a una resolución judicial en su contra. Lo que sí muestran los expedientes ventilados en diciembre es que la autoridad federal los incorporó como parte del análisis patrimonial y financiero para determinar si hubo triangulación de recursos públicos a través de negocios privados.
El caso reactivó uno de los frentes más delicados del expediente Duarte: el posible uso de estructuras empresariales familiares para mover dinero del erario estatal fuera de su origen presupuestal. Por ahora, el proceso principal contra el exgobernador continúa en sede federal, mientras la investigación complementaria sigue abierta para definir el alcance de responsabilidades de otros posibles involucrados.
Con información de El Universal, Proceso y Tiempo
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