Iniciativa en Congreso busca garantizar derechos laborales y atender violencia contra mujeres en Chihuahua.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La diputada Edith Palma Ontiveros, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma en el Congreso del Estado de Chihuahua para fortalecer la protección de los derechos laborales de las mujeres, con énfasis en la no discriminación por embarazo y la atención a trabajadoras del campo.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de Atención y Apoyo a Personas Trabajadoras del Campo, con el objetivo de garantizar condiciones laborales dignas y libres de violencia.
La legisladora expuso que, pese a avances normativos, persisten problemáticas como acoso, discriminación y desigualdad laboral, las cuales limitan el acceso de las mujeres a empleos en condiciones justas y seguras.
“Chihuahua fue la entidad que tuvo mayor prevalencia de violencia laboral contra las mujeres mayores de 15 años, con un 37.8% de mujeres afectadas”
De acuerdo con datos citados en la iniciativa, la entidad presenta niveles elevados de violencia laboral, superando la media nacional y colocándose como uno de los estados con mayores afectaciones en este rubro.
Asimismo, señaló que la discriminación por embarazo es una de las principales problemáticas, con más de 220 mil mujeres afectadas en el estado, cifra que rebasa significativamente el promedio nacional.
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con reformas recientes a nivel federal, con el fin de fortalecer mecanismos de protección, especialmente para mujeres que laboran en el sector agrícola y enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.
Entre los puntos planteados se incluye la obligación de los empleadores de evitar despidos o actos discriminatorios por embarazo, así como garantizar el acceso a prestaciones relacionadas con maternidad, servicios médicos y periodos de descanso pre y postnatal.
La iniciativa también plantea que el Estado refuerce su papel en la vigilancia y protección de los derechos laborales, particularmente en el campo, donde las condiciones de trabajo suelen ser más precarias.
Con esta propuesta, se busca avanzar en la reducción de brechas de desigualdad y en la erradicación de prácticas discriminatorias, mediante ajustes al marco legal estatal orientados a la protección integral de las mujeres trabajadoras.
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