Iniciativa busca ampliar las órdenes de protección para impedir que víctimas de violencia convivan con sus agresores en trabajo, escuela u otros espacios.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada América Aguilar presentó una iniciativa para garantizar que las víctimas de violencia no tengan que convivir con sus agresores en espacios de convivencia obligada, como centros de trabajo, instituciones educativas u otros entornos donde coincidan de manera cotidiana.
La legisladora explicó que actualmente las medidas de protección suelen contemplar la salida del agresor del domicilio, pero no siempre consideran otros ámbitos donde la víctima mantiene interacción con la persona agresora, lo que puede prolongar situaciones de riesgo o intimidación.
“Actualmente el agresor sale de casa, pero también es necesario que salga de la escuela, del trabajo y de otros espacios que tiene en común con la víctima, para protegerla y evitar más agresiones en su contra”.
La propuesta plantea que las órdenes de protección emitidas por órganos jurisdiccionales puedan incluir la separación del agresor en diversos entornos, no únicamente en el hogar. Entre las medidas se contempla la desocupación del domicilio común, así como la separación física y funcional en el centro laboral o en instituciones donde ambas personas coincidan.
Además, la iniciativa prevé la suspensión, reubicación temporal o restricción de funciones del agresor en el ámbito laboral, procurando que dichas acciones no afecten los derechos laborales ni el proyecto de vida de la víctima.
De acuerdo con la diputada, esta perspectiva responde a la necesidad de evitar la revictimización, ya que en muchos casos las víctimas terminan abandonando su empleo, su escuela o incluso su vivienda para evitar el contacto con la persona agresora.
“Obligar a la víctima a abandonar su domicilio, su empleo o su proyecto de vida implicaría una forma indirecta de revictimización”.
La propuesta también toma en cuenta el contexto estatal de violencia. La violencia familiar figura entre los delitos más reportados en Chihuahua, mientras que datos de la Unidad de Violencia Laboral del Instituto Chihuahuense de las Mujeres indican que 64% de los casos atendidos corresponden a acoso laboral, lo que evidencia que la violencia contra las mujeres también se manifiesta fuera del ámbito doméstico.
En ese sentido, la iniciativa busca priorizar el derecho humano de las personas a vivir libres de violencia, estableciendo de manera explícita que la separación del agresor debe aplicarse en cualquier espacio donde exista convivencia obligada con la víctima, incluidos ámbitos laborales, institucionales o comunitarios.
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