Que cada vez la vivienda se encarezca más en algunas zonas del país o de los estados y la Ciudad de México, tiene mucho que ver la llamada gentrificación, este proceso urbano que convierte un barrio en el que un gran número de población originaria se ve desplazada por la llegada de personas con mayor nivel adquisitivo elevando el costo y haciéndolo prácticamente inviable para los habitantes originales. Este proceso casi siempre es acompañado de la especulación inmobiliaria, muchas veces ilegal y en la que están involucrados personajes públicos que usan información privilegiada y abusan de su poder. Esta situación deja a cada vez más personas sin la posibilidad de contar con una vivienda adecuada y es por eso que se vuelve un problema prioritario que debe ser resuelto.
En días pasados presenté una iniciativa que busca reconocer jurídicamente la gentrificación e incorporar obligaciones explícitas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para que las entidades federativas, Ayuntamientos, Consejos de ordenamiento territorial, y Programas metropolitanos diseñen e integren estrategias para combatir la gentrificación y el desplazamiento urbano.
Lo anterior ayudaría a diseñar políticas que eviten que los habitantes originales sean expulsados por aumentos de renta, una base legal para control de impactos inmobiliarios, así como el que sea obligatorio una planeación urbana con enfoque social que evite el desplazamiento en planes metropolitanos, ordenamiento territorial y programas urbanos.
Y es que, tan solo entre 2017 y 2025, los estados más afectados por la gentrificación, además de CDMX, son Yucatán, Nayarit y Baja California, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato y Oaxaca, en donde aproximadamente 248 mil personas han emigrado de la CDMX hacia la periferia (42% al Estado de México) debido al aumento en costos de vida. Y justamente la Ciudad de México ya cuenta con legislación que establece estrategias integrales que buscan justicia espacial, equidad urbana y una renovada convivencia social, con rentas que no puedan aumentar más que la inflación, un Índice de Precios de Alquiler Razonable con la finalidad de estabilizar las rentas, regular la renta de viviendas en ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal, así como el fortalecimiento de la política social de vivienda.
La vivienda adecuada está garantizada en el artículo 4º constitucional, con lo cual quiere decir que el Estado está obligado no solo a un techo, sino también asequibilidad, seguridad de tenencia y habitabilidad, por eso es que combatir la gentrificación es hoy una parte fundamental para que el Estado pueda ser capaz de garantizar este derecho.
Lilia Aguilar Gil
Política y académica.
Maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard y en Gestión Pública por el Tecnológico de Monterrey. Ha contribuido en foros internacionales y enseñado en la Universidad de Harvard. Fundadora de la asociación civil LIBRE, se enfoca en el empoderamiento juvenil. Imparte clases en la UNAM y actualmente es Secretaria Técnica en la SSPC, habiendo sido titular en la Secretaría de Gobernación. Su carrera en el Congreso refleja su compromiso con la seguridad y las políticas sociales.
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