Las reformas elevan penas, reconocen la violencia vicaria y garantizan protección inmediata a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa con carácter de Decreto que integra un paquete de reformas legales orientadas a endurecer penas, fortalecer el marco jurídico estatal y cerrar espacios a la impunidad en delitos relacionados con abuso sexual y violencia vicaria.
La legisladora expuso que la propuesta responde a la necesidad de superar leyes insuficientes y respuestas tardías, al considerar que la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes exige instrumentos legales firmes y de aplicación inmediata.
La iniciativa se alinea con el convenio encabezado por la gobernadora Maru Campos dentro del Plan Nacional para la homologación del marco jurídico en el combate a las violencias, con el objetivo de armonizar la legislación estatal de Chihuahua con los estándares nacionales en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.
El paquete legislativo contempla modificaciones al Código Penal del Estado de Chihuahua, así como a la Ley de Víctimas, la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Movilidad y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, para dotar al Estado de herramientas más claras y eficaces desde un enfoque integral.
En materia penal, las reformas incrementan de manera significativa las penas, incorporan agravantes específicas y refuerzan las consecuencias jurídicas cuando los delitos se cometen contra menores de edad o mujeres, especialmente en contextos de confianza, autoridad o cuidado. Además, se establece la persecución de oficio, la imprescriptibilidad cuando las víctimas son niñas o niños, y sanciones más severas si los hechos ocurren en espacios públicos o institucionales, como el transporte.
Desde el ámbito jurisdiccional, la iniciativa amplía las facultades de juezas y jueces para dictar medidas de protección inmediatas, suspender convivencias cuando exista riesgo para menores y evitar el uso de procesos legales como mecanismos de violencia vicaria, con el fin de frenar la revictimización.
En la Ley de Víctimas, se fortalece un esquema de atención especializada y reparación integral del daño, con plazos definidos, protocolos obligatorios y acompañamiento jurídico y psicológico, para reducir la violencia institucional durante la denuncia.
Finalmente, el paquete de reformas endurece obligaciones para instituciones educativas, de salud, seguridad y procuración de justicia, incorpora protocolos obligatorios en el transporte público y refuerza acciones de prevención y capacitación, con la intención de que la protección de las víctimas no dependa de criterios discrecionales, sino del cumplimiento estricto de la ley.
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