La audiencia de vinculación a proceso se realizará el sábado; FGR sostiene que el dinero salió de Hacienda estatal y pasó por empresas fantasma.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Luego de una audiencia de más de 14 horas en el Penal del Altiplano, una jueza federal ordenó prisión preventiva contra César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, quien enfrenta una nueva acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 96.6 millones de pesos. La medida se mantendrá vigente mientras se define su situación jurídica en los próximos días.
La decisión fue tomada por la jueza María Jazmín Ambriz López, titular del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, quien negó las solicitudes de la defensa del exmandatario, incluyendo un incidente de nulidad basado en un presunto amparo vigente. Según la resolución, el amparo no aplica debido a que los hechos investigados en esta causa penal son distintos a los que ya se han juzgado en otros procesos.
La audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo sábado, cuando se determinará si Duarte enfrenta formalmente un nuevo juicio penal. La defensa solicitó la duplicación del término constitucional para preparar su argumento jurídico, por lo que el juez contará con un plazo máximo de 144 horas para emitir su resolución.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría desviado 96.6 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua a través de una red de empresas fantasma vinculadas a familiares y personas cercanas. En total, la FGR aseguró contar con 120 datos de prueba para sustentar la acusación, que contempla penas de cinco a 15 años de prisión, incrementándose hasta 22 años por tratarse de un delito cometido por un servidor público.
Por su parte, el abogado defensor Juan Carlos Mendoza insistió en que el exgobernador está siendo sometido a un “triple enjuiciamiento”, ya que, según dijo, los hechos investigados ya fueron materia de revisión en la carpeta 3041 de la Fiscalía de Chihuahua. En ese procedimiento, argumentó, Duarte fue absuelto administrativamente. También sostuvo que, conforme al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, no se puede juzgar a una persona por delitos distintos a los autorizados en la extradición.
Duarte Jáquez fue extraditado desde Estados Unidos en 2020 para enfrentar cargos de peculado y asociación delictuosa en Chihuahua, donde estuvo recluido en prisión preventiva en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán. Su traslado al Altiplano se realizó a raíz de esta nueva acusación, que implica jurisdicción federal y un posible agravamiento de las penas en caso de que se confirme su culpabilidad.
En tanto, la FGR argumenta que esta nueva carpeta de investigación se basa en hechos distintos y más recientes, y que el flujo de recursos ilícitos fue trazado a través de documentos bancarios, contratos irregulares y testimonios de exfuncionarios. La carpeta incluye 88 tomos y más de 360 anexos, según reveló la propia defensa.
El caso representa un nuevo giro en el largo proceso judicial contra el exmandatario priista, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, y enfrenta múltiples señalamientos por desvío de recursos públicos durante su administración.
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