El pasado lunes 24 de noviembre se llevó a cabo una protesta masiva conjunta de agricultores y transportistas, que consistió en el bloqueo de las principales carreteras del país; los primeros pronunciándose en contra de disposiciones contenidas en la iniciativa de la Ley General de Aguas, que actualmente se debate en las Cámaras del Congreso de la Unión y los segundos alzando la voz por la creciente inseguridad en las carreteras del país.
La inseguridad en las carreteras del país es un fenómeno que ha crecido desmedidamente en los últimos años y que ha sido blanco de la delincuencia organizada. Según la Asociación Nacional de Transportistas de Carga (ANTAC), el transporte de carga en México sufre en promedio hasta 70 robos diarios de unidades y mercancías, lo que ha impactado severamente la economía nacional por ser el principal medio de distribución de bienes en el país. Más de 12 mil robos registrados durante el 2025. La participación de grupos del crimen organizado ha sofisticado la forma de asaltar a las unidades de carga, utilizando desde bloqueadores de señal, hasta agrediendo físicamente y secuestrando a los operadores para obligarlos a colaborar con los grupos delincuenciales.
En contraste con las cifras oficiales, que indican una disminución en los asaltos carreteros en los últimos años, la ANTAC reporta un ataque cada 47 minutos, lo que revela una brecha significativa entre estadísticas oficiales y realidad, siendo las regiones centro y sureste del país las que concentran el 79.3% de los asaltos en lo que va del 2025 y Puebla junto con el Estado de México, las entidades federativas más afectadas. Coincidente con lo anterior, la percepción ciudadana de inseguridad también va al alza, ya que según una encuesta de principios de año de la agencia Mitofsky, los mexicanos identifican en un 53.6% a los asaltos como el principal factor de riesgo en las carreteras del país.
La seguridad y libre tránsito de las personas son derechos humanos fundamentales que se vulneran con la creciente inseguridad carretera, por lo que la protesta de los transportistas es sin duda un reclamo válido y genuino que el Estado debe atender de forma inmediata.
Varias fueron las demandas específicas de los transportistas, de las que destacan: 1) La formulación de un plan integral de seguridad en el que participen los tres niveles de gobierno y las organizaciones civiles de transporte; 2) La creación de una fuerza de tarea especializada, que atienda específicamente las carreteras del país; y 3) La inversión para utilizar tecnologías de vigilancia permanente que permita la identificación oportuna y detección de asaltos carreteros.
Ante la falta de vigilancia de la autoridad, las empresas de transporte privadas han tenido que invertir en sofisticados sistemas de seguridad, con el propósito de reducir la incidencia de asaltos; no obstante, las pérdidas económicas se estiman superarán este año los 100 mil millones de pesos.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
