La legisladora panista acusa imposición desde la Federación y advierte crisis económica y social en la frontera.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, fijó una postura crítica ante la reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas por parte del Congreso de la Unión, al señalar que esta reforma representa un grave retroceso para el país, al centralizar el control del recurso hídrico, limitar derechos adquiridos y generar una serie de afectaciones económicas, particularmente en la frontera norte y el sector agrícola de Chihuahua.
Desde la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora juarense acusó al Gobierno Federal de ignorar al campo mexicano y de actuar sin consensos en una materia tan sensible como el agua. En su mensaje, Contreras advirtió que la nueva legislación “no garantiza agua, la centraliza; no protege a la gente, la controla; no da certeza, la destruye”, al establecer un modelo en el que el acceso al recurso queda condicionado a permisos temporales y discrecionales, eliminando las concesiones como se conocían hasta ahora.
Contreras señaló que esta ley, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada sin una consulta pública real, dejando fuera a productores, organizaciones agrarias y gobiernos estatales. “Mientras Morena presume que escucha al pueblo, hoy lo ignora como nunca”, declaró. Indicó que el sector agrícola sí participó en mesas de trabajo y presentó propuestas, pero estas no fueron consideradas en el dictamen final.
Como consecuencia directa de la inconformidad por esta ley y las protestas sociales que se han desatado, la diputada alertó sobre los efectos inmediatos que ya se reflejan en la frontera, entre ellos:
- La detención de 4,000 camiones de exportación,
- El retraso de 4,000 unidades de retorno,
- Paros técnicos en la industria manufacturera (IMMEX),
- Pérdidas en la derrama económica de diciembre,
- Comercios locales en riesgo de cierre,
- Y el deterioro de la imagen nacional en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Para la diputada panista, el nuevo marco legal abre la puerta a un control político del agua, al imponer obligaciones adicionales a los municipios sin garantizar presupuesto y al criminalizar con penas de cárcel a productores por posibles errores administrativos. “Si ya acabaron con el huachicol fiscal, ahora quieren el huachicol del agua”, declaró.
En contraste, Contreras destacó que el Gobierno del Estado de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, sí ha mostrado disposición al diálogo, ha incrementado apoyos al campo y ha mantenido una relación cercana con los productores. “Así se gobierna: con escucha, con acuerdos y con respeto”, afirmó.
Finalmente, reiteró el respaldo de la bancada del PAN a los agricultores chihuahuenses, asegurando que “no están solos” en esta lucha por la defensa del agua. “Están defendiendo el agua, la tierra y el alimento de México. Aquí tienen una voz, una defensa y un respaldo. Porque el agua es un derecho, no un permiso del gobierno, y escuchar al pueblo no es opcional: es la base de la democracia”, concluyó.
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