Las últimas protestas de alcance nacional por parte de agricultores y transportistas han tenido como primera respuesta del gobierno federal la insinuación de que estas estarían atizadas por contrarias motivaciones políticas, premisa bastante corta ante el complejo problema del campo mexicano, del agua y de la seguridad pública.
Mientras la izquierda estuvo en la oposición, exigieron e hicieron uso del derecho a la protesta, así mismo, combatieron cualquier intento por limitar la manifestación de las ideas y la libertad de reunión.
Incluso las acciones de resistencia civil pacífica formaron parte del manual de oposición al “régimen autoritario y neoliberal”. El entonces Partido de la Revolución Democrática fue un ente articulador de movimientos muy frontales que aglutinaron a sectores lastimados por las políticas de mercado oligopólico y de abuso a los más vulnerables.
Movimientos como el del Barzón, “Sin Maíz no hay País”, de defensa a los deudores de la banca, en contra de la privatización del petróleo, la Convención Nacional Democrática, entre muchos otros más movimientos campesinos y urbanos de base tuvieron el apoyo de la izquierda mexicana. Adoptando la lucha social a través de plantones, toma de instalaciones, bloqueos carreteros, manifestaciones, boicots…
Varios líderes o integrantes de esos movimientos hoy están en MORENA y forman parte de las cámaras legislativas o del gobierno en posiciones de alto nivel, empezando por la primer mandataria.
Por lo anterior resultaría decepcionante que se adopte una estrategia para desacreditar a movimientos actuales que legítimamente retoman la exigencia por atender a un olvidado sector rural, piden carreteras seguras, buscan asegurar el acceso al agua o reclaman el fin de la extorsión y del imperio del crimen que debiera ser el de la Ley.
Tanto la secretaria de gobernación federal como la propia presidenta de México estarían asumiendo que los problemas no son problemas, que las protestas de esta semana “no tienen razón de ser”, “no hay motivo para protestar”, “hay quien se manifiesta para mantener privilegios que ya no queremos que existan” , “no hay razón para cerrar las carreteras cuando hay diálogo con el Gobierno Federal”.
No todo es parte de una conspiración anti 4T, existen graves problemas nacionales que el gobierno federal actual y el anterior no lograron resolver o se intensificaron. Atribuir la ineficacia gubernamental a “agencias extranjeras” o al PRIAN es cuento de nunca acabar.
Tampoco todos los inconformes buscan que prevalezcan los privilegios, ni en el tema del agua ni en otros. Lo que sí, es que se teme que, como siempre, desde el Estado se generen otros o nuevos privilegiados.
¿No saben en el gobierno federal lo que está pasando en el campo?, ¿Qué pasa con los oligopolios del maíz y del trigo?, ¿Un gobierno “de izquierda” pero neoliberal en el tema del agro?, ¿Hasta cuándo la inseguridad en los caminos y carreteras?, ¿Qué pasará con los pequeños y medianos productores en la nueva Ley de aguas?.
Desde el gobierno debe haber menos culpas y más soluciones. No es lo mismo protestar que resolver.
“La reprensión penetra más en el que tiene
entendimiento que cien azotes en el necio.”
(Proverbios 17:10)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
