En pleno siglo XXI, cuando tanto se habla de inclusión, derechos humanos y respeto a los pueblos originarios, resulta inadmisible que aún haya servidores públicos que crean tener licencia para humillar, abusar y violentar impunemente a mujeres indígenas. Lo ocurrido el pasado 22 de septiembre en las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) en la ciudad de Chihuahua no es un incidente menor: es un retrato crudo de la discriminación institucionalizada, del clasismo arrogante y del abuso de poder más ruin.
Manuela C., habitante de la comunidad San Luis de Majimaji, no fue sólo retenida ilegalmente. Fue señalada, humillada y encerrada por una falsa acusación sin prueba alguna. Su único “delito” fue ser una mujer rarámuri que acudió, como cualquier ciudadano, a realizar un trámite administrativo. ¿En qué clase de Estado de derecho una persona es llamada de regreso por un funcionario para ser encerrada sin orden judicial, sin una acusación formal, sin derecho a asistencia legal? La respuesta es clara: en uno que sigue viendo a los pueblos indígenas como ciudadanos de segunda, como presuntos culpables por el simple hecho de existir.
Las cámaras demostraron su inocencia. Pero el daño ya estaba hecho. Y aún más grave: el responsable directo de esta vejación —el delegado del RAN en Chihuahua, Joaquín Solorio Urrutia— permanece en funciones como si nada hubiese ocurrido. ¿Hasta cuándo se tolerará este tipo de atropellos desde las instituciones del Estado?
No basta con una disculpa. No basta con una reunión en Derechos Humanos. No basta con abrir una carpeta de investigación que duerma el sueño de los justos. La permanencia de Solorio Urrutia en su cargo no sólo es una ofensa para la comunidad de San Luis de Majimaji. Es una afrenta para todos los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara y para la dignidad de las mujeres que enfrentan, cada día, un sistema que las violenta, las desprecia y las minimiza.
La justicia debe ser clara, firme y ejemplar. Y esa justicia comienza con la destitución inmediata del delegado, quien ha demostrado no sólo una profunda insensibilidad, sino un desprecio absoluto por las garantías más básicas que debe proteger cualquier servidor público. Si como afirman los gobernadores indígenas, Solorio presume estar protegido políticamente por figuras como Víctor Quintana Silveira, entonces es aún más urgente levantar la voz. Porque la impunidad, cuando se convierte en norma, envenena todo lo que toca.
Lo que ocurrió con Manuela C. no es un caso aislado: es la punta del iceberg. Es el reflejo de un sistema que sigue sin entender que las instituciones públicas no son feudos personales ni herramientas de hostigamiento. Y es deber de la sociedad, de los medios, y de todos los que creemos en un México más justo, exigir consecuencias reales.
Por ella, por su comunidad, por todas las mujeres indígenas que no tienen cámaras que las graben ni micrófonos que amplifiquen su voz: justicia. Y que se escuche claro desde Chihuahua hasta Palacio Nacional: la dignidad indígena no se pisotea.
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
