Las lluvias torrenciales que azotaron Veracruz en octubre de 2025 no solo desbordaron ríos: desbordaron también la paciencia de miles de ciudadanos que, una vez más, enfrentan la tragedia sin el respaldo digno de sus autoridades. Lo que comenzó como una emergencia climática se ha convertido en una crisis política y moral. Porque cuando el agua invade hogares, arrastra caminos y deja comunidades incomunicadas, lo mínimo que se espera de un gobierno es presencia, acción y verdad. Pero en Veracruz, lo que se ha visto es silencio, simulación y abandono.
Más de 40 municipios afectados, decenas de comunidades aisladas, miles de viviendas dañadas, cultivos perdidos, escuelas cerradas, hospitales colapsados. Ysin embargo, la respuesta oficial ha sido tibia, tardía y burocrática. La gobernadora Rocío Nahle, en lugar de encabezar personalmente los operativos de auxilio, ha delegado la tragedia a comunicados impersonales y visitas fugaces. ¿Dónde está el liderazgo que prometía cercanía con el pueblo? ¿Dónde está la estrategia de protección civil que debía anticipar y mitigar estos desastres?
La Secretaría de Protección Civil estatal ha informado que “los niveles de los ríos tienden a estabilizarse” y que “se han activado refugios temporales”. Pero esas frases no consuelan a quienes han perdido todo. No hay plan de reconstrucción, no hay recursos extraordinarios anunciados, no hay transparencia en el manejo de apoyos. Lo que hay es improvisación, opacidad y una narrativa oficial que busca minimizar el desastre en lugar de enfrentarlo con responsabilidad.
Y Veracruz no está solo. Hidalgo llora a sus muertos tras deslaves que sepultaron comunidades enteras en Tenango de Doria. Puebla enfrenta el colapso de más de 38 municipios, con viviendas enterradas y familias desaparecidas. San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas y Morelos también sufren los estragos de una temporada de lluvias que ha puesto en evidencia la fragilidad de la infraestructura nacional y la lentitud de la respuesta institucional. Más de 150 municipios en crisis, decenas de muertos, cientos de desaparecidos y miles de familias desplazadas. ¿Dónde está el Estado mexicano cuando el país entero se ahoga?
Mientras el gobierno de Veracruz se esconde tras cifras maquilladas, otros estados como Nuevo León han mostrado mayor capacidad de respuesta. Brigadas, vehículos y equipo especializado fueron enviados desde Monterrey para apoyar a municipios como Pánuco y Poza Rica. ¿Cómo es posible que la ayuda más efectiva venga de fuera, mientras el gobierno local se limita a administrar la crisis como si fuera una molestia pasajera?
Este contraste revela una verdad incómoda: Veracruz no está gobernado por una administración preparada para enfrentar emergencias. Está dirigido por un aparato político más preocupado por la imagen que por la acción. La gobernadora Nahle, en lugar de asumir el rol de jefa de Estado en tiempos de crisis, ha optado por el rol de espectadora distante. Y eso, en política, es imperdonable.
En medio del abandono institucional, han sido los ciudadanos, las iglesias, los colectivos y los medios locales quienes han documentado la tragedia, organizado centros de acopio y exigido respuestas. La solidaridad veracruzana ha sido ejemplar. Pero no puede sustituir al Estado. No puede ser que en pleno siglo XXI, ante una emergencia climática anunciada, el gobierno siga actuando como si la lluvia fuera una sorpresa y la gente, un estorbo.
Y lo más indignante: la ayuda que llega desde la sociedad civil, recolectada con esfuerzo por el pueblo sabio, es apropiada por el gobierno para ser entregada en bolsas guindas, sin logotipos ni mensajes electorales, pero con el color emblemático de la 4T. El gesto solidario se transforma en símbolo de apropiación política. El dolor se usa como escaparate. La necesidad se convierte en oportunidad para reforzar una narrativa oficial que se disfraza de cercanía, pero opera desde la distancia.
Lo que ocurre en Veracruz no es solo una falla administrativa. Es una muestra de la política del simulacro que se ha instalado en varias entidades del país: gobiernos que simulan cercanía, simulan eficiencia, simulan resultados. Pero cuando la realidad golpea, el simulacro se derrumba. Y lo que queda es el dolor, la indignación y la certeza de que algo tiene que cambiar.
Veracruz merece un gobierno que escuche, que actúe, que rinda cuentas. Merece autoridades que no huyan ante la tragedia, sino que la enfrenten con valentía y humanidad. Merece una gobernadora que no se esconda tras boletines, sino que camine entre la gente, que mire a los ojos a quienes lo han perdido todo, que se comprometa con hechos y no con frases vacías.
Las inundaciones pasarán. El agua bajará. Las calles se secarán. Pero la memoria de este abandono debe permanecer. Y no solo en Veracruz: también en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas y Morelos, donde el dolor se multiplica y la respuesta institucional se diluye. Porque solo recordando lo que no se hizo, lo que se ocultó, lo que se minimizó, podremos exigir que no vuelva a ocurrir. México no necesita discursos: necesita justicia, presencia y verdad.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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