La Ley de Amparo nació para proteger al débil frente al poderoso. Es el escudo que ha salvado a miles de mexicanos de la arbitrariedad. Con ella, comunidades enteras detuvieron proyectos contaminantes; familias recuperaron pensiones negadas; enfermos lograron tratamientos; pueblos indígenas frenaron despojos. Hoy, esa herramienta de libertad está siendo desmantelada desde el centro del país, con una reforma que elimina su espíritu, su fuerza, su alma.
La llaman modernización, pero en realidad es mutilación. Le llaman orden, pero es obediencia ciega al poder. Le llaman justicia, pero es el retorno al desamparo.
Pensemos en cada familia a la que el Instituto Mexicano del Seguro Social le ha negado los medicamentos que podrían darle otra oportunidad a sus hijos enfermos. Hasta ahora, la esperanza residía en el amparo: ese recurso que permitía a un ciudadano levantar la voz ante el poder y obligarlo a cumplir la ley.
Pero con la reforma a la Ley de Amparo, esa puerta se ha cerrado. Ya no podrá exigir justicia. Ya no podrá conseguir que un juez ordene al IMSS suministrar las medicinas. El régimen ha decidido quitarle a los ciudadanos su último refugio: el derecho a defenderse del abuso.
Pensemos en cada adulto mayor que después de trabajar toda su vida fue despojado de su pensión. Antes podía acudir al amparo para obligar al Gobierno a devolverle lo que era suyo. Hoy, con las nuevas limitaciones impuestas por la reforma, ese recurso se vuelve inútil. Su caso quedará archivado, como si la injusticia no existiera.
Pensemos en los ejidatarios que enfrentan el despojo de sus tierras. En el pasado, un juez federal podía detener el daño con una suspensión. Pero la nueva Ley del Desamparo elimina esa posibilidad: ahora el daño podrá consumarse, y cuando llegue la sentencia —si llega— ya no quedará nada por salvar.
Pensemos en una madre busca que se reconozca el derecho de su hija con discapacidad a recibir la educación que necesita. Antes, el amparo era su herramienta para exigirle a la Secretaría de Educación que cumpliera la ley. Con la reforma, esa madre será una más entre miles que gritan frente a la indiferencia.
Por eso, desde Chihuahua levantamos la voz. Porque cuando el régimen intenta arrebatarle al pueblo su derecho a defenderse, es deber de los representantes del norte resistir.
Como el primer servidor de los chihuahuenses impulso el Amparo Estilo Chihuahua, una propuesta que busca devolverle al ciudadano la capacidad de ampararse frente a cualquier violación a sus derechos humanos cometida por autoridades municipales, estatales o federales dentro de nuestro territorio. Queremos que el Poder Judicial del Estado tenga la facultad de proteger a los chihuahuenses sin tener que suplicar a un tribunal del centro.
No aceptamos que la justicia de un pueblo libre dependa del capricho de un gobierno centralista.
El Amparo Estilo Chihuahua es más que una propuesta jurídica: es una declaración de autonomía moral, una afirmación de que aquí en el norte no nos rendimos ante el abuso. Que aquí seguimos creyendo en el derecho a disentir, a reclamar, a exigir que se cumpla la ley.
Si la federación impone la Ley del Desamparo, desde Chihuahua responderemos con políticas de Dignidad. Porque la libertad no se mendiga, se defiende y en esta tierra de desierto y acero, todavía hay quienes no se acostumbran a agachar la cabeza.
La historia de nuestro país ha sido escrita por quienes se atrevieron a decir no. Desde el norte, decimos no a la injusticia, no al silencio, no al desamparo. Porque mientras exista un chihuahuense dispuesto a resistir, la justicia tendrá todavía una frontera donde refugiarse.

Francisco Sánchez Villegas
Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo.
Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad.
Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil.
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