El Estado de Derecho es el dique que contiene la arbitrariedad del poder. No es un concepto abstracto, sino el conjunto de reglas predecibles y justas que garantizan que nadie, ni el ciudadano más humilde ni el gobernante más poderoso, esté por encima de la ley. Su pilar fundamental es la certeza jurídica: la confianza de que las normas que hoy nos rigen no serán alteradas mañana por un capricho.
Hoy, en México, ese dique presenta fisuras alarmantes, y no por el desgaste natural del tiempo, sino por golpes deliberados asestados desde el poder legislativo. Asistimos a una peligrosa deriva donde la ley deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en un arma de coyuntura política. La mayoría gobernante, en un acto que exhibe un profundo desdén por la Constitución, ha decidido que las reglas del juego pueden cambiarse a mitad del partido, sacrificando principios por venganzas. La advertencia es clara: la protección ciudadana se está volviendo opcional.
El detonante de esta crisis es una aberración jurídica aprobada en el Senado. Con un artículo transitorio introducido de último minuto en la reforma a la Ley de Amparo, el bloque oficialista de Morena y sus aliados impuso que las nuevas y restrictivas reglas se apliquen incluso a los juicios que ya están en trámite. Esta maniobra, tan burda como inconstitucional, viola flagrantemente el principio de irretroactividad de la ley consagrado en nuestro artículo 14 constitucional, un derecho humano elemental. No me detendré en el fondo de la reforma, sino en esta pifia que es, en sí misma, una confesión.
Desmenucemos el caso. Esta adición de última hora es un “traje a la medida” con una dedicatoria evidente: el empresario Ricardo Salinas Pliego. Más allá de las simpatías o antipatías que genere el personaje, el acto de legislar con un destinatario específico es la perversión máxima de la función parlamentaria. Se tuercen los cimientos del sistema legal para afectar un caso particular, sentando un precedente funesto. Al debilitar el escudo protector del amparo para una persona, inevitablemente se debilita para todas. Se abre la puerta para que, en el futuro, cualquier gobierno pueda manipular la ley retroactivamente contra cualquier adversario, periodista, activista o ciudadano.
Este desdén por las instituciones no es un hecho aislado. Se manifiesta en la imagen de un senador, durante la comparecencia del Secretario de Hacienda, más atento a un partido de fútbol que a las finanzas de la nación. Esa apatía es el síntoma de una clase política que se siente inmune al escrutinio y que concibe su rol no como un contrapeso democrático, sino como el de un mero gestor de los deseos del ejecutivo. La aprobación de un transitorio visiblemente inconstitucional no es ya un error técnico; es la prueba de que la deliberación ha sido sustituida por la obediencia.
La reflexión final nos corresponde a todos. La defensa del amparo no es una lucha de abogados, es la defensa de la última trinchera que protege los derechos de toda persona frente al abuso.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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