Ni los rituales con chamanes le ayudaron. Ni las limpias, ni los sahumerios, ni los círculos de fuego simbólico. Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó con 103 asesores como si la justicia fuera una ceremonia mística que requiere séquito, intérpretes y portadores de incienso. Pero la realidad no se purifica con humo: se exhibe con cifras.
Ciento tres asesores. No es una exageración retórica, es una cifra oficial. Y aunque no llegaron por el famoso “acordeón”, su existencia está directamente vinculada a quienes sí lo hicieron: los ministros. Muchos de ellos fueron votados en bloque, sin debate, sin méritos, sin trayectoria, a través de esa lista cerrada que el partido en el poder repartió como receta electoral en las primeras elecciones judiciales. El acordeón no era una herramienta de consulta: era un menú de obediencia. Y ahora, esos ministros (varios sin conocimiento jurídico profundo ni experiencia real en la impartición de justicia), han decidido rodearse de asesores que nadie pidió, que nadie explicó y que hoy nadie defiende. Así se infló la Corte: no por necesidad institucional, sino por lógica de blindaje político.
Y como era de esperarse, al verse recibido con críticas, Hugo Aguilar Ortiz no ofreció argumentos, ni transparencia, ni rendición de cuentas. Ofreció una simulación. El 23 de septiembre, la Suprema Corte anunció que reducirá la plantilla de asesores en un 40% a partir del 1 de octubre, junto con el personal de seguridad adscrito a la Presidencia. ¿Por qué? ¿Quién lo pidió? ¿Qué evaluación lo motivó? Ninguna. Explicación no pedida, culpabilidad manifiesta.
Es el clásico gesto del que se sabe descubierto: “ya entendí, ya lo voy a corregir”, sin aceptar que lo que hizo fue un exceso. No hay disculpa, no hay autocrítica, no hay reconocimiento del abuso. Solo una maniobra para calmar las aguas, para simular que se escucha, para fingir que se ajusta. Pero el daño está hecho. Y la intención quedó clara.
Porque no se trata solo de cuántos asesores hay, sino de cómo llegaron, qué saben, qué hacen y cuánto cuestan. ¿Qué asesora alguien que no conoce el lenguaje jurídico? ¿Qué aporta quien fue colocado por lealtad y no por competencia técnica? ¿Qué justicia puede construirse desde una presidencia que confunde el poder con el privilegio?
La comparación es inevitable. La gestión anterior, encabezada por Norma Lucía Piña, operaba con apenas seis asesores. Seis. Frente a los 103 que hoy acompañan a Hugo Aguilar Ortiz. ¿Qué cambió? ¿La carga de trabajo? ¿La complejidad institucional? ¿O simplemente el desconocimiento y la falta de experiencia que obligan a construir una estructura paralela para sostener lo que no se domina? Porque cuando no se sabe, se delega. Y cuando se delega sin criterio, se infla.
La diferencia también responde a la reforma judicial: Aguilar Ortiz no solo preside, también asume funciones jurisdiccionales, presentando proyectos ante el Pleno. Pero eso no justifica el exceso. La ponencia presidencial quedó con 7 secretarios de estudio y cuenta, 8 auxiliares y 25 personas de apoyo. ¿Y los demás? ¿Qué hacen los otros 63?
Entre los 103 asesores destaca Vidulfo Rosales Sierra, quien se integró a la Corte apenas un mes después de renunciar como abogado de los padres de los 43. Su nombramiento parece premiar no a un defensor, sino a un agitador que capitalizó el dolor social para instalarse en la institucionalidad que antes denunciaba. ¿Cuántos más llegaron por causa, y cuántos por conveniencia? Si se institucionaliza la rabia, que se transparente la intención. Si se maquilla la simulación, que se denuncie.
La reducción anunciada no es un acto de responsabilidad: es un intento desesperado por maquillar el exceso. Es como devolver parte del botín cuando ya se ha exhibido el saqueo. Es como decir “no era para tanto” cuando ya se ha perdido la credibilidad. Y lo peor: se hace sin explicar cómo se eligieron los 103, sin detallar qué funciones cumplen, sin rendir cuentas del presupuesto que consumen.
La Suprema Corte no puede jugar a la austeridad selectiva. No puede exigir recortes a los tribunales locales mientras engorda su presidencia con asesores y escoltas. No puede hablar de justicia cercana al pueblo mientras se encierra en una lógica cortesana. No puede fingir que corrige cuando lo que hace es encubrir.
Este episodio no es menor. Es una radiografía del poder judicial en tiempos de simulación. Es la muestra de cómo se puede usar el discurso institucional para justificar lo injustificable. Es el recordatorio de que la justicia no se defiende con comunicados, sino con congruencia. Y que cuando se pierde la congruencia, se pierde todo.
La justicia no está en trance: está en riesgo. Y no se salva con recortes tardíos ni con comunicados tibios. Si Hugo Aguilar Ortiz no puede explicar por qué necesitaba 103 asesores, entonces que explique por qué sigue en el cargo. ¿Quién responde por el gasto, por la simulación, por la burla institucional? Que se publique la lista, que se evalúe cada perfil, que se rinda cuentas. Porque si la Corte no se limpia con verdad, ningún chamán podrá hacerlo.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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