En cuanto a la fiscalización, la inversión pública tiene un doble propósito: el primero cuando la autoridad detecta irregularidades en el ejercicio del gasto publico, por lo cual la intervención del gobierno resulta necesaria —ya sea a través de programas, obra pública, políticas públicas, etc.—. y en la fiscalización, para prevenir o corregir conducta º s incorrectas. El segundo tiene que ver con un efecto esperado, pero no necesariamente inmediato, de dinamizar ya sean algunas conductas sociales o económicas. Es decir, la inversión pública tiene un efecto multiplicador de los beneficios sociales, por lo que resulta indispensable que cuente con criterios de eficiencia, eficacia, economía e integridad en el ejercicio de los recursos públicos.
El gasto en infraestructura, es relevante y estratégico, fundamental para el desarrollo económico, por lo que debe ser bien gastado y en un trabajo preventivo de preferencia, bien ejercido y fiscalizado. :
La mayor parte del gasto público se dedica al gasto en infraestructura, de ahí que debe ser bien ejercido y revisado por la ASF. Al destinarse dos terceras partes del gasto público a ello, se ha desarrollo la tecnología, para actuar con mayor precisión y eficacia. En el sector privado por supuesto que sucede lo mismo.
Por ello, recientemente, la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción suscribimos un Convenio de Colaboración con el objetivo de fortalecer la vinculación entre ambas instituciones y apoyar —dentro del marco de sus atribuciones y competencias— en la realización de diversas acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas; buenas prácticas de contratación; fomento del diálogo con el sector formal de la construcción y cumplimiento de obligaciones, en la fiscalización y capacitación.
Una virtud , de este tipo de relación de colaboración suscrita entre la ASF y la CMIC, y que hemos también desarrollado con otras dependencias u organismos, es que permite vincular a la fiscalización superior con los sectores productivos del país. Estos sectores están a cargo o participan de una buena parte de las tareas estratégicas para el crecimiento y el desarrollo del país. Además, permite un diálogo en vías en las que —sobre todo en las materias de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización y ejercicio de los recursos públicos— se comparten buenas prácticas, estudios y demás elementos que redundan en la mejora institucional y en el trabajo conjunto para la mejora de capacidades.
El sector económico en el que participa la CMIC es estratégico para el País. La inversión pública que se traduce en mejores condiciones de vida e infraestructura para el desarrollo requiere de transparencia, apego al marco legal y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Por ello, resulta alentador que un sector tan importante y con tareas simultáneas responda positivamente al objetivo de que los constructores conozcan las reglas a las que están sujetos y se fortalezcan los procesos y buenas prácticas para la rendición de cuentas.
Este razonamiento de la importancia de que este sector productivo tenga conocimiento pleno de las características de las auditorías y el marco legal al que están sujetas las obras públicas desde la fiscalización de los recursos públicos de orden federal, es parte del enfoque preventivo que se ha subrayado desde la Nueva Auditoría.
Tanto el sector público como los particulares tienen responsabilidad en lograr una visión integral de la inversión pública y específicamente de las obras públicas. Ahí, el enfoque preventivo es fundamental y genera la interacción de la fiscalización, con actores estratégicos como es el caso de los constructores privados.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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