La desinformación siempre va a ser amiga de aquellos que buscan sacar ventaja de esas falsedades que se desprenden. Está ha sido una práctica común entre lo poco que queda de la oposición que busca “ganar” lo que pierde cada vez más y más en las urnas. Esta vez le tocó a la vivienda, el programa anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum que tiene por objetivo regularizar 800 mil viviendas en situación irregular, de abandono u ocupadas, para lo cual se hará un censo para aclarar cuál es el estatus legal de las más de 800 mil viviendas “emproblemadas”. A partir de eso, empezó a resonar en la oposición que el gobierno iba a suprimir la propiedad privada…los cínicos.
Ante esta vulgar falsedad, fue necesario aclarar que la propiedad privada está resguardada, así lo señala la Constitución y por eso se debe resguardar, no se trata de quitarle una vivienda quien le pertenece. Con esta claridad se ataja esa mentira que se inventaron los panistas y priistas que no tienen mucho que presumir, a menos que Alito comparta su sesión de ejercicios o Jorge Romero expliqué todo el entramado del cártel inmobiliario, pero claramente eso no va a suceder, por eso buscan desinformar que es lo que mejor hacen últimamente.
La propuesta la anunció el director del INFONAVIT, fue regularizar vivienda irregular, que incluye tanto a derechohabientes que dejaron de pagar sus créditos pero permanecen en sus hogares, como a los casos de quienes han invadido viviendas abandonadas. En esos casos se les ofrecerá un esquema de renta con opción a compra, es decir, regularizar a esas personas, que no son derechohabientes pero que sí podrían recibir un arrendamiento con opción a compra para quedarse con las viviendas y en el caso de quienes pudieran estar todavía como dueños, se procedería a reprogramar y reestructurar su crédito para que se quede con la vivienda que tiene.
Esa fue la propuesta, la cual en el fondo lo que busca es recomponer un poco las consecuencias de la política neoliberal de vivienda de hace 3 y 2 sexenios, en donde con el único objetivo de hacer negocio, se construían viviendas de 30 metros cuadrados y muy pero muy alejadas de los centros de las ciudades, sin transporte adecuado ni mucho menos servicios, lo cual provocó que muchas de estas viviendas fueron abandonadas.
Más de 650 mil personas abandonaron sus hogares y por consecuencia su dinero. De hecho, la UNAM reconoció que desde 2010 había 5 millones de viviendas deshabitadas y para 2020 aumentó a 6 millones. Tan sólo en Chihuahua capital hay un millón y medio de casas habitadas, y en Ciudad de México hay cerca de 2 millones 800 mil viviendas habitadas independientes. No puede haber gente sin casa ni casas sin gente, de ahí que se presenten soluciones que permitan enderezar lo que el PAN y el PRI desde el gobierno hicieron.
La lógica bajo la cual operaron fue la de considerar la vivienda como una mercancía y eso se acabó desde el sexenio pasado, sin embargo el daño que dejaron fue letal. Las consecuencias están en cada unidad habitacional alejada de centros de trabajo, de escuelas, sin servicios básicos, sin transporte. Y justo es esto lo que estamos buscando desde el gobierno federal, porque la lógica ahora es que la vivienda es un derecho y se trata como tal.
Nadie va a suprimir la propiedad privada, ya lo comentó la presidenta, lo que se trata de hacer es recomponer un poco las malas prácticas del PAN y el PRI, los desastres que causaron por tratar la vivienda como una mercancía y no como un derecho. Si tuvieran un poco de vergüenza deberían estar agradecidos pero no, lo que buscan será siempre la desinformación, la mentira, a ver si así, logran regresar de un camino al que parece que ya están destinados: su desaparición.
Lilia Aguilar Gil
Política y académica.
Maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard y en Gestión Pública por el Tecnológico de Monterrey. Ha contribuido en foros internacionales y enseñado en la Universidad de Harvard. Fundadora de la asociación civil LIBRE, se enfoca en el empoderamiento juvenil. Imparte clases en la UNAM y actualmente es Secretaria Técnica en la SSPC, habiendo sido titular en la Secretaría de Gobernación. Su carrera en el Congreso refleja su compromiso con la seguridad y las políticas sociales.
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