Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Cristina Pereyra, han sido condenados a pagar casi 2,500 millones de dólares por un esquema de corrupción que desvió recursos públicos entre 2009 y 2018.
Miami, Florida. (ADN/Staff) – Esta condena fue emitida por una corte civil en Miami, donde se determinó que ambos desviaron dinero de las arcas mexicanas a través de contrataciones irregulares y el uso de paraísos fiscales.
El fallo judicial se enmarca en el contexto de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, durante los cuales se llevaron a cabo 30 contratos con un conglomerado israelí y la familia Weinberg. Según los informes, los fondos desviados, que ascienden a 634 millones de dólares, fueron transferidos a paraísos fiscales y utilizados para adquirir propiedades en Florida, lo que ha generado un escándalo de corrupción significativo en México.
La jueza Lisa Walsh, del undécimo circuito judicial de Miami-Dade, ha autorizado la continuación del diálogo entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y García Luna, así como sus socios, para buscar un acuerdo que permita recuperar los bienes robados. Este diálogo se produce en el marco de la mediación obligatoria, donde las partes han solicitado un “retiro voluntario de la demanda sin perjuicio” para facilitar las negociaciones.
El Estado mexicano y los acusados han reportado avances “sustanciales” en la búsqueda de un acuerdo que desvele la trama de corrupción investigada. La UIF ha señalado que el Código de Procedimientos Civiles de Florida permite a México retirar su demanda de forma voluntaria en cualquier momento, lo cual podría facilitar el proceso de recuperación de activos.
Cabe destacar que, aunque el retiro de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna y su esposa, se solicitaría posteriormente a su fallo condenatorio. Esto significa que, independientemente del resultado de las negociaciones, la condena por corrupción se mantendrá vigente, lo que podría tener repercusiones legales adicionales para los involucrados.
Este caso ha captado la atención tanto en México como en Estados Unidos, resaltando la complejidad de la corrupción política y la necesidad de mecanismos efectivos para la recuperación de activos desviados. La resolución de este conflicto legal podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en la región y ofrecer un rayo de esperanza para la recuperación de los recursos públicos malversados.
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