“Hoy comenzaré mi columna con un contraste obligado sobre el tema de las famosas listas negras… Con las dos más recientes referencias que tengo de estos listados de los Estados Unidos. El cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez, quienes estuvieron señalados por el departamento del tesoro del gobierno norteamericano por presuntos nexos con el narcotráfico. Después de congelarles sus cuentas por muchos meses y estar en extenuante investigación recibieron el típico, “hay disculpe usted, no era personal, pero aquí tiene su dinerito de nuevo, trata de rehacer de nuevo su vida”
Bajo esa referencia, entremos de lleno al tema: La existencia de la llamada “Lista de Marco” o “Marco List”, que supuestamente incluye a políticos mexicanos vinculados al narcotráfico y es atribuida al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha generado controversia y especulación. Sin embargo, su veracidad y alcance no están completamente confirmados y deben analizarse con cautela. Tratemos pues de tener un enfoque periodísticamente crítico:
¿Qué es la “Lista de Marco”?
La “Lista de Marco” se refiere a un supuesto mecanismo confidencial de sanciones del Departamento de Estado de EE. UU., que incluiría a unos 44 políticos, funcionarios y exfuncionarios mexicanos, principalmente del partido Morena, por presuntos nexos con el narcotráfico y redes criminales transnacionales. Según reportes, esta lista estaría operada en coordinación con agencias como la DEA, el FBI y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), y se sustenta en legislaciones como el Acta Patriota, que su principal objetivo es fortalecer la seguridad nacional y facilitar la lucha contra el terrorismo.
El nombre de la lista está ligado a Marco Rubio, actual secretario de Estado, debido a su postura dura contra el narcotráfico y su historial de críticas a gobiernos de izquierda en América Latina.
Revisemos algunas evidencias y fuentes, por cuestiones de espacio, no pondré las ligas de investigación, pero si así lo requiere puede pedirlas directamente a la oficina de este medio y con gusto se las harán llegar.
Reportes en medios:
El Universal (12/05/2025): Publicó un artículo de Salvador García Soto que afirma que la lista existe y contiene nombres de gobernadores como Marina del Pilar (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), entre otros, además de exgobernadores como Enrique Alfaro (Jalisco) y figuras como Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Se menciona que algunos estarían vinculados al “huachicol fiscal” y al financiamiento de campañas con dinero del narcotráfico, particularmente a través del empresario asesinado Sergio Carmona Angulo.
Código San Luis (14/05/2025): Confirma la existencia de la lista, señalando que incluye a políticos, funcionarios federales, militares y alcaldes de ciudades como Ciudad Juárez y Matamoros. Destaca el caso de Marina del Pilar, cuya visa estadounidense fue revocada, como evidencia de la aplicación de sanciones.
Derecha Diario (13/05/2025): Menciona que la lista incluye a políticos de Morena y que está relacionada con investigaciones sobre nexos con cárteles, citando acusaciones contra figuras como Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal.
La Política Online (21/03/2025): Reporta que Rubio incluyó a Cristina Fernández de Kirchner en una “lista negra” por corrupción, lo que sugiere que el Departamento de Estado bajo su liderazgo está aplicando sanciones a figuras políticas en América Latina, lo que podría dar contexto a la “Lista de Marco”.
Contexto de Marco Rubio:
Rubio ha sido crítico de gobiernos de izquierda en América Latina, acusando a figuras como Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el narcotráfico o de ceder territorio a cárteles. En 2022, afirmó que AMLO había “entregado secciones de México a los cárteles” sin presentar pruebas concretas en ese momento.
Como secretario de Estado desde enero de 2025, Rubio ha promovido una postura dura contra el narcotráfico, incluyendo la designación a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esto refuerza la plausibilidad de que esté impulsando investigaciones sobre políticos mexicanos, aunque no confirma directamente la existencia de una lista formal.
Ahora, ¿Qué tan cierta es la lista?
A favor de su veracidad:
La cancelación de la visa de Marina del Pilar y su esposo, Carlos Torres, es un hecho concreto que se ha interpretado como una acción derivada de la supuesta lista.
La mención de la lista en medios mexicanos como El Universal y Código San Luis, junto con la coherencia de los nombres señalados (muchos de Morena, cercanos a AMLO o Sheinbaum), sugiere que podría haber una base real, posiblemente derivada de investigaciones de agencias estadounidenses.
Rubio ha abogado por sanciones contra figuras políticas en América Latina, como se vio con Cristina Fernández de Kirchner, lo que apoya la idea de que el Departamento de Estado bajo su liderazgo podría estar elaborando listas de sanciones.
Las acusaciones de nexos con el narcotráfico no son nuevas. Por ejemplo, Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal han sido mencionados en testimonios de figuras como “El Mayo” Zambada, y el caso de Sergio Carmona ha sido vinculado al financiamiento de campañas de Morena.
En contra de su veracidad:
No hay evidencia pública de un documento oficial llamado “Lista de Marco”. Los reportes se basan principalmente en columnas de opinión y filtraciones no verificadas, como la de Salvador García Soto, sin que el Departamento de Estado haya confirmado su existencia.
Las acusaciones carecen de pruebas documentales públicas. Por ejemplo, Rubio acusó a AMLO de ceder territorio a cárteles en 2022, pero no presentó evidencias concretas.
La narrativa de la lista podría ser amplificada por motivos políticos, especialmente por medios y usuarios en redes sociales opuestos a Morena, lo que sugiere un posible sesgo.
Algunos nombres en la lista, como Samuel García (quien no pertenece a Morena), podrían ser incluidos por razones políticas más que por pruebas sólidas, lo que cuestiona la precisión de la lista.
Análisis periodístico crítico:
A falta de evidencia oficial: Aunque los reportes son consistentes en cuanto a los nombres y el contexto, no hay un comunicado oficial del Departamento de Estado que confirme la existencia de la “Lista de Marco”. Esto sugiere que, si existe, es un mecanismo confidencial, lo que limita la capacidad de verificar su autenticidad. ¿Imagina usted que a Estados Unidos se le filtre una lista de esa magnitud, más en estos tiempos?
Contexto político: La lista surge en un momento de tensiones entre México y EE.UU., especialmente por las posturas de Trump y Rubio sobre el narcotráfico. La cancelación de visas y las sanciones podrían ser parte de una estrategia para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la soberanía mexicana frente a propuestas como la intervención militar estadounidense.
Acciones concretas: La revocación de visas, como en el caso de Marina del Pilar, y las detenciones en la frontera, como la del alcalde de Matamoros, sugieren que EE.UU. está tomando medidas contra ciertos políticos mexicanos, pero no necesariamente confirman una lista formal con 44 nombres.
Conclusión
La “Lista de Marco” parece ser una narrativa basada en acciones reales, como la cancelación de visas y sanciones, pero su existencia como un documento formal con 44 nombres no está confirmada. Los reportes en medios y publicaciones en redes sociales sugieren que podría ser un mecanismo confidencial del Departamento de Estado, alineado con la postura de Rubio contra el narcotráfico, pero la falta de pruebas públicas y el contexto político sugieren que podría estar siendo exagerada o utilizada con fines políticos.
Es probable que haya investigaciones en curso sobre políticos mexicanos, pero hasta que se publique evidencia oficial, la lista debe considerarse especulativa.
Terminaré usando un dicho popular mexicano, que son la puritita sabiduría del pueblo: “Si el rio suena, es porque agua lleva” y en nuestro caso específico, debemos asegurarnos de que nuestros políticos no estén manchados o coludidos con el crimen organizado. Ya llevamos dos exgobernadores inmiscuidos en procesos legales, funcionarios en activo con bastas demandas en activo que no han sido aclaradas… ¿a poco no es momento de que los ciudadanos tomen el poder de la política y sacar a los “políticos”?
César Calandrelly
Comunicólogo / Analista Político
