Contempla medidas de protección a las víctimas y capacitación a los integrantes de las instancias encargadas de atender y dar seguimiento a este tipo de delitos.
Chihuahua, Chih .- La diputada Alma Portillo integrante de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, propuso robustecer el marco legal sancionatorio para la violencia digital de género, que contempla la tipificación de agravantes específicos con sanciones claras tendientes a eliminar este flagelo; la iniciativa contó con el respaldo de las fracciones de Morena, PAN, y PT.
La propuesta para adicionar el artículo 180 al Código Penal del Estado de Chihuahua, propone el establecimiento de medidas de protección a las víctimas y de la capacitación a los integrantes de los entes responsables de atender y dar seguimiento a este tipo de delitos.
Se trata de dar un paso firme hacia una justicia con rostro humano. Una justicia que no distinga entre lo físico y lo digital, porque la violencia, venga de donde venga, es violencia y debe ser combatida con decisión, refirió la legisladora emecista en durante su intervención en tribuna este martes.
Al expresar que “La violencia digital no puede seguir siendo invisible”, abundó que hoy se tiene la oportunidad y la responsabilidad de poner al estado de Chihuahua como ejemplo de que no se permitirá la impunidad a quienes se escondan detrás de una pantalla para cometer este tipo de actos.
Abundó que miles de personas en el estado se ven vulneradas por los delitos virtuales, que marcan una huella difícil de borrar en su integridad emocional, de ahí la necesidad de reforzar la legislación, que incluye la imposición de penas de tres a seis años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa.
Asimismo, que sancione todo tipo de distribución de materiales que revelen la intimidad de las personas, incluso información personal; esto incluye dar a conocer direcciones, números telefónicos, datos financieros, contraseñas, información biométrica, documentos oficiales o cualquier otro dato que comprometa la seguridad o privacidad de la persona afectada, con base a amenazas o actos de extorsión que pudiesen presentarse, finalizó la legisladora.
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