En Chihuahua, como en el resto del país, la paternidad se ha convertido en un campo de batalla burocrático donde los derechos de los padres quedan atrapados en la maraña de procesos legales absurdamente largos y sesgados. Hoy en día, el sistema no solo ignora la urgencia del vínculo paterno-filial, sino que lo sabotea con una eficacia que raya en la crueldad. Se ha normalizado que los padres pasen de ser figuras fundamentales en la vida de sus hijos a meros visitantes condicionados, criminalizados sin prueba alguna y relegados a las frías salas de los llamados centros de convivencia, que no son otra cosa que cárceles suavizadas.
El proceso es casi siempre el mismo: una denuncia —falsa en muchos casos— basta para desatar una serie de medidas automáticas que arrancan al padre de la vida del menor. Primero viene la denuncia, luego la orden de restricción y, sin más, la anulación de las convivencias. Todo esto sin que medie una evaluación objetiva e inmediata, permitiendo que la alienación parental haga estragos en la mente de los niños, desarrollando el conocido “síndrome de lealtad” hacia la madre y el inevitable “síndrome de abandono” con el padre. La rapidez con la que se toman estas medidas contrasta brutalmente con la lentitud con la que se revisa su veracidad.
La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua es clara al señalar en su artículo 13 el derecho del menor a convivir con ambos progenitores de manera regular y continua, salvo en circunstancias excepcionales que pongan en riesgo su integridad. Sin embargo, la realidad dista mucho de este principio. El sistema judicial, en lugar de priorizar el interés superior del menor, opta por el camino fácil: aplicar medidas restrictivas de forma automática y prolongarlas indefinidamente, dejando a los padres en un limbo legal.
El verdadero camino para garantizar la justicia y el bienestar de los menores debería ser otro. Frente a una denuncia, el primer paso debe ser la verificación expedita de los hechos mediante periciales imparciales. Solo si se detectan riesgos reales, se deben tomar medidas de restricción. Pero en lugar de ello, el sistema opta por la fórmula opuesta: primero castiga y después investiga. Y cuando por fin se demuestra la falsedad de la denuncia, el daño ya está hecho, porque el tiempo perdido en convivencia es irrecuperable.
La alienación parental no es un concepto abstracto, es una realidad devastadora que se traduce en niños que crecen creyendo que su padre es el enemigo, y en padres que luchan contra un sistema que los considera culpables hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, los centros de convivencia, lejos de ser espacios de reunión sana, son lugares donde se refuerza la idea de que el padre es un extraño bajo supervisión, un peligro latente que necesita ser vigilado.
La urgencia de reformar este esquema es innegable. No se trata de restar importancia a las denuncias legítimas de violencia, sino de impedir que el sistema sea utilizado como un arma de venganza y manipulación. El Estado de Chihuahua debe implementar mecanismos de evaluación más rápidos y eficientes, garantizando que la convivencia con ambos padres sea la norma, no la excepción.
Es momento de dejar de criminalizar a los padres por defecto y comenzar a aplicar la justicia con equilibrio y sensatez. No se puede seguir permitiendo que la burocracia destruya lo más sagrado que tiene un niño: el amor y la presencia de sus dos padres.
POR EL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES A UNA CRIANZA CON PAPÁ y MAMÁ
Don Q. Chillito
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