La Suprema Corte de Justicia determinó que se requieren ocho votos para invalidar una reforma constitucional, lo que permitió que la reforma judicial se mantuviera vigente.
Ciudad de México(ADN/Staff) – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes que se necesitan ocho votos para declarar inconstitucional una reforma constitucional, lo que resultó en la permanencia de la reciente reforma judicial promovida por la administración actual. Esta decisión implica que la reforma seguirá en vigor, ya que el proyecto para invalidarla no alcanzó la mayoría requerida.
La reforma judicial, que fue cuestionada por la oposición y algunos sectores del Poder Judicial, necesitaba el respaldo de al menos ocho ministros para ser declarada inconstitucional. Sin embargo, el proyecto impulsado en el Pleno de la Corte sólo obtuvo el apoyo de siete ministros, quedando a un voto de lograr la invalidez de la reforma. Esto sucedió tras el voto en contra del Ministro Alberto Pérez Dayán, quien se unió a otros tres ministros que se oponían al proyecto.
Los ministros que votaron a favor del proyecto para anular la reforma incluyeron a Norma Piña, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos-Farjat, Javier Láynez, Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González Alcántara. Por otro lado, Lenia Batres, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra, considerando que la reforma no debía ser invalidada.
El principal argumento para requerir ocho votos en lugar de seis radica en la interpretación del artículo 105 de la Constitución, que establece que para declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional se necesitan una mayoría de ocho votos en un pleno de once ministros. Esto contrasta con la disposición para otras resoluciones judiciales, donde una mayoría de seis votos podría ser suficiente.
La reforma judicial, aprobada a finales de 2023, introdujo diversos cambios en el Poder Judicial, entre los cuales se encuentran nuevas normas para la designación de jueces y magistrados, así como ajustes a la estructura y funciones de los tribunales. Estos cambios han sido considerados por el gobierno actual como una forma de mejorar la eficiencia y transparencia del sistema judicial, aunque sus críticos sostienen que las modificaciones representan una amenaza a la independencia judicial.
Este debate ha generado tensiones dentro de la SCJN y en el ámbito político, ya que algunos sectores ven en la reforma una posible intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. La decisión de mantener la reforma vigente representa una victoria para el actual gobierno y permite que los cambios propuestos continúen su implementación, a pesar de los desafíos legales planteados en su contra.
Con esta resolución, la Corte reafirma la necesidad de contar con una mayoría calificada para anular reformas constitucionales, consolidando un precedente importante sobre los límites y alcances de la SCJN en la evaluación de cambios promovidos por el Congreso y el Ejecutivo.
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