La Coalición Ciudadana solicita al INE la revocación del mandato de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, apoyándose en la Ley de Participación Ciudadana.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coalición Ciudadana ha presentado formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una solicitud para revocar el mandato de la actual Gobernadora del Estado de Chihuahua, Maru Campos. Este pedido, entregado el pasado 10 de abril, se apoya en el Artículo 53 de la Sección Quinta de la Ley de Participación Ciudadana, marcando un momento histórico en la política del estado.
La iniciativa llama a la ciudadanía chihuahuense a ejercer su derecho político-electoral a través de un proceso electoral especial, en el cual podrán decidir sobre la continuidad de Campos en su cargo. El documento subraya la importancia de este mecanismo democrático como una expresión directa de la voluntad popular, enfatizando que el fin último es el bienestar y la representatividad de los intereses de la población, más allá de colores partidistas o intereses individuales.
Este pedido no solo refleja el ejercicio de la democracia participativa, sino que también pone a prueba la capacidad del INE para atender y procesar solicitudes de gran envergadura y significado político. La Coalición Ciudadana ha pedido al INE que asigne los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso, garantizando así una consulta libre, directa y secreta, conforme a los principios democráticos.
La solicitud viene acompañada de un llamado a evitar cualquier forma de discriminación, misoginia o violencia de género durante el proceso. Los firmantes, Oscar Humberto González Aguirre e Hipólito Meza Borunda, han enfatizado la necesidad de un trato respetuoso y equitativo por parte del Instituto Estatal Electoral, asegurando así un ambiente de respeto y civismo que permita a los ciudadanos expresarse sin temor ni prejuicios.
Esta acción no solo representa un reto para la gobernadora Maru Campos y su administración, sino que también es una prueba para las instituciones democráticas del estado y su capacidad para facilitar y respetar los mecanismos de participación ciudadana. El desenlace de este proceso podría sentar un precedente importante en la política de Chihuahua y, potencialmente, en la del país.
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