En febrero del año pasado se publicó un decreto presidencial que establece la prohibición del uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato a partir del 31 de marzo de 2024. Con la entrada en vigor de esta prohibición, México se convierte en el segundo país del mundo, después de Vietnam, en establecer una prohibición generalizada al uso del herbicida.
En dicho decreto se da un plazo de transición para realizar la sustitución gradual del uso del glifosato, el cual está a punto de concluir el 31 de marzo próximo. El glifosato es el principio activo en herbicidas ampliamente utilizados a nivel mundial, por su eficacia para deshierbar o eliminar la “mala hierba”.
Si buscamos el nombre del herbicida en algún buscador de internet es difícil no tener una opinión en contra de su uso por su “posible” impacto en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente..
México cuenta con un amplio marco regulatorio en materia de plaguicidas, incluyendo la Ley General de Salud, así como diversas normas y acuerdos que se ha buscado estén armonizados con acuerdos y convenios internacionales. Este marco jurídico robusto debe estar acompañado de una coordinación efectiva entre las dependencias del gobierno mexicano sobre las que recaen las acciones importantes para transitar, de la mejor manera posible, hacia la sustitución del glifosato.
En el decreto presidencial citado se menciona que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONAHCyT), “en el ámbito de su competencia, coordinará, articulará, promoverá y apoyará las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permitan sustentar y proponer, a las secretarías…las alternativas y prácticas agroecológicas y saludables que permitan prescindir del glifosato”.
Ante la inminencia de la conclusión del periodo para reemplazar el mencionado herbicida, es necesario hacer un enfático llamado para que, desde el Ejecutivo Federal y las instancias competentes se evalúe la posibilidad de ampliar el periodo de transición. Ello con el fin de lograr el desarrollo y escalamiento de las acciones sin afectar la seguridad agroalimentaria ni la productividad del campo mexicano.
Es crucial que se realicen más investigaciones para desarrollar alternativas al glifosato que sean efectivas, asequibles y seguras. Para ello, estas alternativas de sustitución deben también contar con los registros de las autoridades competentes, particularmente de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, (COFEPRIS). Mientras tanto, debe considerarse la posibilidad de permitir el uso del glifosato bajo ciertas condiciones y con precauciones adecuadas para proteger la salud humana y el medio ambiente.
La prohibición total del glifosato podría tener consecuencias económicas significativas para los agricultores mexicanos, que no se han considero suficientemente, con un daño mayor a los pequeños agricultores de temporal. Muchos de ellos dependen del glifosato para mantener la productividad de sus tierras y su capacidad para competir en los mercados agrícolas. Una prohibición total aumentaría los costos de producción y disminuiría cosechas ya de por si limitadas por la sequía y la falta de apoyos gubernamentales al campo.
En juego está la seguridad alimentaria de la población mexicana, quien podría quedar mayormente sujeta a la importación de productos alimentarios de países con relevancia agrícola como Estados Unidos, Brasil y Argentina, donde el glifosato está permitido, lo que paradójicamente haría altamente probable que los cultivos que se importen hayan sido tratados con este herbicida.
Ante la falta de sustitutos viables al glifosato, los daños de su prohibición total al campo mexicano pueden ser irreversibles Lo más probable es que se genere un mercado negro, comprometiendo la productividad y la seguridad alimentaria nacionales.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
