La multa de $98 millones al PRI por la “nómina secreta” de César Duarte es ratificada, poniendo de manifiesto una trama de corrupción política.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Tribunal Electoral ha confirmado una multa de $98 millones impuesta al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Instituto Nacional Electoral (INE), un golpe que resuena en el corazón de la política mexicana. Esta sanción es resultado del caso conocido como la “nómina secreta” de César Duarte, revelando el desvío de recursos públicos para cooptar a diversos actores políticos y sociales en Chihuahua.
La multa, inicialmente impuesta por el INE en marzo de 2023, redujo el financiamiento público mensual del PRI en un 25%, una medida diseñada para alcanzar el total de la multa: $97,916,665.00. El PRI impugnó esta sanción ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero los magistrados resolvieron que las multas pendientes del partido eran resultado de “conductas indebidas”.
Esta confirmación del Tribunal Electoral no solo ratifica la multa, sino que también confirma la existencia de la nómina secreta de César Duarte. Este sistema de pago ilegal con recursos públicos tenía como objetivo cooptar a diversos actores políticos, activistas y comunicadores. Asimismo, es la segunda multa que impone el INE al PRI derivada de la Operación Justicia para Chihuahua, implementada por Javier Corral Jurado durante su periodo como gobernador de 2016 a 2021.
El caso de la nómina secreta de Duarte reveló la recepción ilegal de recursos públicos por el PRI, donde cheques expedidos a través de la Secretaría de Hacienda eran cobrados y el efectivo guardado en una caja fuerte de la Secretaría de Hacienda. Estos fondos eran posteriormente entregados al PRI estatal como “apoyo extraordinario”. Con la sanción del INE, la cifra de dinero recuperado por la Operación Justicia para Chihuahua, alcanza casi los 2 mil millones de pesos.
Por otro lado, el contexto penal de este caso es igualmente contundente. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales atrajo una causa penal y abrió una carpeta de investigación sobre este caso. Entre los implicados en la denuncia se encuentran altos funcionarios del PRI y beneficiarios de la “nómina secreta”, que acusan al exfiscal Francisco González Arredondo de supuesta “tortura psicológica”.
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