Miembros de Frente defensor de los derechos humanos pide al organismo que emita una recomendación que favorezca a los grupos vulnerables del estado, luego que la gobernadora recortó el presupuesto a las dependencias que les prestan atención.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Representantes del Frente Político Ciudadano para la Defensa de los Derechos Humanos, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2022, hecho por María Eugenia Campos Galván, gobernadora del Estado de Chihuahua.
El plan económico estatal para 2022 contempla recortes a los recursos públicos para apoyar a los grupos sociales y comunidades más vulnerables dentro del estado, explicó Silvia Leticia Aguirre Lomelí, representante y secretaria de la organización ciudadana.
Indicó que la suspensión del respaldo financiero afecta a las comunidades indígenas, los niños, niñas y adolescentes y mujeres, hecho que genera violaciones a los derechos humanos de estos grupos sociales y comunidades.
En primer lugar, se menciona en el escrito entregado a la CEDH, la emisión y publicación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2022 atenta en contra del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que el documento establece.
Se expone también que el principio de progresividad, que rige en esta materia, implica gradualidad, lo que quiere decir que la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos.
Además, incluye el concepto de progreso, relacionado a que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar, condiciones que las autoridades de todos los niveles deben procurar.
Estos principios fueron omitidos por Campos Galván en su plan presupuestal para este año, lo que lleva a la trasgresión de los derechos humanos de los grupos sociales y comunidades más vulnerables dentro del estado de Chihuahua, toda vez que también incumplió con la obligación que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La gobernadora prioriza a las dependencias que ejercen control político y presupuestal, tales como la Secretaria de Hacienda, la Coordinación de Gabinete, la Coordinación de Comunicación y el Despacho del Ejecutivo.
Por el contrario, instancias orientadas a la atención de grupos vulnerables y el combate a la pobreza tuvieron una reducción del 8 por ciento en su presupuesto; entre estas la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Coordinación Estatal para Pueblos Indígenas (COEPI), al Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV), a la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI) y al El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).
En conjunto, se les disminuye de 1 mil 288.61 millones de pesos a 1 mil 275.20 millones de pesos.
Las y los integrantes del Frente, solicitaron a la CEDH y a su presidente, Néstor Manuel Armendáriz Loya, que emita una recomendación favorable a los intereses de esta organización y principalmente a favor de todos y cada uno de los grupos sociales y comunidades vulnerables del estado de Chihuahua.
La queja es firmada, además de Aguirre Lomelí, por Catalina Castillo Castañeda, María Cristina Ruiz Ortiz, Claudia Isela Contreras Muñoz, Martín Javier Tafoya Domínguez, Luis Alberto Mendoza Pérez, Francisco Rodolfo Caballero Grijalva, Carolina Hernández Zeferino, Emiliano Ignacio Díaz Carnero, María Elena Ramos Rodríguez, Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez e Ignacio Díaz Hinojos.
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