El diputado de Morena presenta una iniciativa para agregar la discriminación por “ajustes razonables” para que se garantice la igualdad de condiciones en infraestructura y derechos.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Con el objetivo de agregar sanciones directas para quien discrimine a personas con discapacidad, en el contexto de omisiones de las autoridades por “ajustes razonables”, el diputado de Morena, Gustavo De la Rosa Hickerson, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado.
Explicó que esa actitud debe sancionarse, no solo en los aspectos de la discriminación directa o indirecta actualmente establecidas en la ley, sino visibilizarla por “ajustes razonables”.
Este tipo de discriminación, explicó, se entiende dentro de las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, en los diseños universales de los ajustes razonables.
“Por ‘diseño universal’ se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado y no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten”, mencionó.
Agregó que, aunque la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación tienen como alcance no sólo una prohibición a discriminar, sino la implementación de una serie de “ajustes razonables”.
La iniciativa propone hasta tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días a quien realice actos de discriminación; mientras que a los servidores públicos que nieguen o retarden a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, o no realice los ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se les impondrá suspensión, destitución o inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la sanción impuesta.
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