Ante la declaración de interés público y seguridad nacional por parte del Gobierno Federal para la realización de proyectos y obras a su cargo, el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Mario Vázquez Robles destacó que significa una violación a los derechos humanos, retrocede avances en materia de transparencia y posibilita probables actos de corrupción.
Chihuahua, Chih. – Lo anterior, luego del Acuerdo Presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, en el cual instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras de interés público y seguridad nacional a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de diversos sectores.
Añadió que este acuerdo es inconstitucional y fomenta la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos, y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México, implica además un retroceso en la transparencia y la rendición de cuentas al limitar controles y mecanismos de prevención de la corrupción.
Además, Mario Vázquez sostuvo que con ello “el Poder Ejecutivo contraviene también de manera directa el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios (…) Es de evidente preocupación que se establezca una excepción tan amplia a requisitos para autorizar la ejecución de proyectos que tienen asignada una gran cantidad de recursos, permitiendo una autorización provisional de proyectos, hasta por 12 meses, lo que limita el despliegue de mecanismos de control y de rendición de cuentas que deben de seguir los proyectos u obras públicas, como los procesos de planeación, licitación y ejecución de los mismos”.
Concluyó que esta decisión en la ejecución de obras y proyectos no sólo tiene impacto en el patrimonio público, sino también en la garantía de derechos y el acceso a servicios por lo que deben de ejecutarse de manera abierta, pública y respetando los procedimientos, reglas y requisitos previstos en los distintos marcos jurídicos, para lograr su utilidad, eficiencia y calidad, que respondan a los problemas públicos, en condiciones de igualdad.
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