Busca bancada de Morena tipificar como delito esa situación que ocurre en la entidad y que ya fue documentada por organizaciones derechohumanistas nacionales e internacionales.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Un proyecto de decreto para incluir en el Código Penal del Estado de Chihuahua el desplazamiento forzado de personas, fue presentado por diputados y diputadas de Morena ante el Congreso del Estado de Chihuahua.
El diputado, Benjamín Carrera Chávez, comentó la necesidad de que este delito se establezca en el Código Penal del Estado ante el alarmante número de casos que se registran en la entidad desde décadas atrás.
Dijo que Chihuahua es uno de los 12 estados en los que más personas han sido afectadas por el desplazamiento forzado y en el 90 por ciento de los casos la violencia fue la causa directa.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave) documentó desde 2017 el desplazamiento de por lo menos 410 personas provenientes de la Sierra Tarahumara, cifra que aumentó el pasado mes de junio tras la celebración de los comicios electorales.
El evento avivó los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, provocando que tan solo en el Municipio de Guadalupe y Calvo más de 200 personas fueran ilegalmente desplazadas.
La Ceave tiene registro de desplazamiento forzado en 56 comunidades en los municipios de Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Saucillo, Delicias y Guachochi; además, organizaciones no gubernamentales incluyen también a Madera, Guazapares, Batopilas, Urique y Bocoyna.
Este problema fue reconocido por organismos derechohumanistas, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, por lo que han generado recomendaciones que visibilizaron el problema y promovieron acciones que resultan en la intención de defensa.
No obstante, los casos han ido en aumento y el problema persiste.
“Es necesario tomar el tema del desplazamiento forzado como un gran pendiente, cuya atención no debemos postergar, no podemos ser omisos”, manifestó.
El legislador invitó a las distintas fuerzas políticas en el Congreso estatal para impulsar una Ley Estatal que atienda esta problemática.
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