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Se habla de empresas con responsabilidad social; con responsabilidad ambiental, pero no se habla de organizaciones educativas con responsabilidad civil.
La responsabilidad social empresarial, son las acciones voluntarias llevadas a cabo por una empresa para mejorar el mundo, especialmente desde una perspectiva social y medioambiental.
Por ejemplo, las empresas están obligadas por ley a pagar ciertos impuestos con los que se financian los servicios públicos.
Pero nadie dice nada de la responsabilidad civil que tienen las organizaciones educativas por los daños que puedan causar ingenieros, arquitectos, topógrafos y otras especies nocivas a la salud urbana, a la gente, al pueblo; por otorgar título profesional a estos depredadores.
Sabemos que los médicos pierden su licencia cuando por negligencia, producen un daño irreparable a alguno de sus pacientes.
Pero esto no ocurre sin una demanda previa. Y es un juez quien los condena a ese castigo, amén de la reparación del daño en pecunio.
Las universidades, orondas, ni sudan ni se abochornan. Deberían cancelarles el título profesional cuando por negligencia (llamémosles robos, fraudes, mano al cajón, etc.) perjudican a la ciudad.
¿Qué pasa cuando el daño es colectivo? Como lo es, la monstruosa obra llamada BRT2, que ha perjudicado a la sociedad juarense en su conjunto.
Y otras obras adyacentes como los desmesurados vialetones para una imaginaria ciclovía que nadie utiliza.
O las fraudulentas jardineras que nos dijeron serían vasos de recaudación pluvial, pero que al caer la lluvia, se descubrió que nunca fueron construidas con tal propósito, y sólo ayudaron a inundar las calles.
Aquí procede una denuncia colectiva contra quien resulte responsable de esta negligencia social.
Principales responsables: gobernador, funcionarios de gobierno, arquitectos, ingenieros de las compañías involucradas; alcalde, por complicidad, pues no hubo permiso de construcción, pero permitieron el deterioro.
Sólo quiero atraer la atención de los rectores de universidades en Chihuahua para que consideren la creación de un órgano colegiado, que tenga por objeto vigilar la honorabilidad y buena reputación de los exalumnos; combatir la comisión de conductas lesivas en agravio de la sociedad o de las instituciones de gobierno.
Con amplias atribuciones para armar expedientes de estos saqueadores, y en su caso, arrojarlos del Alma Mater.
Por fortuna, ya se está constituyendo un colectivo de ciudadanos que se encargará de revisar los daños comunales y demandará, como PUEBLO, el perjuicio o menoscabo sufrido.
Raúl Ruiz
Abogado. Analista Político. Amante de las letras.
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