En los últimos días hemos sido testigos de manifestaciones en México en contra de lo sucedido en Venezuela. Como ciudadano y como abogado, lo primero que debo decir es lo evidente: el derecho a manifestarse es incuestionable. Forma parte del núcleo duro de las libertades democráticas y nadie debería ser señalado o descalificado por ejercerlo.
Dicho esto, también es válido —y necesario— distinguir entre el derecho a hacerlo y la pertinencia de hacerlo. En lo personal, no comparto esas movilizaciones. No desde la indiferencia ni desde el desprecio por lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, sino desde una reflexión de congruencia cívica, jurídica y de interés nacional.
Considero que, como ciudadanos ajenos a lo sucedido entre Venezuela y Estados Unidos, no podemos colocarnos en una posición de juicio desde una visión limitada por la distancia que nos separa de esa realidad, una distancia que no es solo geográfica, sino también política e institucional.
México no es parte del conflicto venezolano. No existe una afectación jurídica directa al Estado mexicano, no hay un tratado incumplido en nuestra contra ni una obligación internacional que nos imponga una reacción social organizada. El conflicto, grave y complejo, pertenece al ámbito interno de otro Estado soberano. Desde el derecho internacional, esto no es un detalle menor: es el punto de partida de cualquier análisis serio.
Una manifestación en la Juárez no genera ningún efecto real sobre lo que ocurre en Venezuela y, en muchos casos, termina sin sentido. Resulta problemático —e incluso contraproducente— que agrupaciones que no están integradas por venezolanos pretendan asumir un reclamo como si lo fueran, sin una vivencia directa de esa realidad.
La verdad es que el acercamiento más tangible que hemos tenido a la situación venezolana es a través de nuestra propia frontera. Convivimos todos los días con venezolanos que llegaron a México no por afinidades ideológicas ni por activismo político, sino porque fueron víctimas de una profunda crisis social y política en su país. Una crisis que, en un país con enormes recursos, terminó expulsando a miles de personas, separándolas de sus familias y colocándolas en condiciones de extrema vulnerabilidad y necesidad.
En ocasiones confundimos solidaridad con activismo automático. Creemos que opinar, marchar o protestar sobre cualquier conflicto internacional es una suerte de deber moral ineludible. No lo es. La solidaridad internacional es legítima, pero no puede ni debe sustituir la responsabilidad cívica interna, mucho menos cuando esa solidaridad no tiene efectos reales sobre la situación que se pretende denunciar.
Si alguien decide manifestarse, tendría que hacerlo por razones claras y concretas. El intervencionismo estadounidense en otro Estado, por sí mismo, no constituye un problema directo para México. El asumirlo como tal, lejos de sumar, nos expone al desgaste del discurso y a la pérdida de seriedad del reclamo público, especialmente cuando existen motivos reales y propios por los cuales sí valdría la pena manifestarse.
Si se trata de levantar la voz frente a Estados Unidos, entonces el reclamo tendría que centrarse en aquello que sí nos compete: las amenazas contra nuestro territorio, las declaraciones ambiguas y los señalamientos que se hacen sin sustento. Lo que habría que exigir es claridad y responsabilidad en el discurso. Si se afirma que en México no gobierna un Estado, sino los cárteles de la droga, ese señalamiento debería hacerse de manera formal, con pruebas, y a través de los canales internacionales correspondientes.
Lamentablemente, pareciera que no somos igual de firmes para exigir explicaciones cuando se trata de lo que sí nos afecta, pero sí muy activos para reclamar hechos que no ocurrieron en nuestro país. Paradójicamente, en el corto plazo incluso podría convenirnos, pues todo indica que al menos se aliviaría la crisis migratoria que hemos enfrentado, particularmente con población proveniente de Venezuela; una situación que exige soluciones serias y responsables, no consignas importadas.
Nuestro país enfrenta problemas profundos, estructurales y cotidianos. Problemas que no son abstractos ni lejanos: violencia, inseguridad, impunidad, crisis en servicios públicos, debilidad institucional, desigualdad y un largo etcétera que afecta directamente la vida diaria de millones de mexicanos. Frente a esa realidad, resulta al menos discutible que la movilización social se active con mayor intensidad por conflictos externos que por los propios.
No se trata de minimizar lo que ocurre en Venezuela ni de negar el sufrimiento de su pueblo. Se trata de reconocer que toda sociedad tiene recursos cívicos limitados: tiempo, energía, atención pública. Y la pregunta legítima es si estamos utilizando esos recursos de la manera más congruente con nuestras propias urgencias nacionales.
Desde una perspectiva doctrinal, conviene aclarar otra confusión frecuente. Ni la Doctrina Calvo ni los principios constitucionales de la política exterior mexicana exigen silencio social o neutralidad absoluta. Lo que prohíben es la intervención coercitiva, la presión armada o la sustitución de la soberanía de otro Estado. La opinión, incluso la crítica, no está prohibida. Pero una cosa es la facultad de opinar y otra muy distinta es convertir causas externas en banderas internas, muchas veces cargadas de simbolismos políticos y poco impacto real.
Ahí es donde surge mi incomodidad. Cuando la protesta deja de ser un acto de conciencia y se convierte en una forma de posicionamiento ideológico interno. Cuando el conflicto ajeno sirve más para definir identidades políticas en México que para ayudar efectivamente a con quienes dicen solidarizarse.
El verdadero debate, entonces, no es si alguien puede manifestarse por Venezuela. Claro que puede. El debate es si eso aporta algo concreto al interés nacional mexicano y si no estamos, una vez más, mirando hacia fuera para evitar mirar con la misma exigencia hacia dentro.
La congruencia también es una forma de responsabilidad democrática. Exigir respeto a la soberanía ajena mientras toleramos la ineficiencia propia; levantar la voz por conflictos lejanos mientras guardamos silencio frente a los nuestros, es una contradicción que merece al menos una reflexión honesta.
Tal vez hoy, más que levantar el puño por causas externas, deberíamos usar esa misma energía para exigir soluciones a los problemas que sí nos competen directamente. No porque lo que ocurra fuera no importe, sino porque lo que ocurre aquí nos define.
Daniel Alberto Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
