La idea de la presidenta Claudia Sheinbaum para convertir el sistema de salud mexicano en un esquema universal suena, en el papel, atractiva y justa: permitir que cualquier persona reciba atención en cualquier institución pública sin importar su afiliación.
El anuncio de una “Cámara de Compensación” para integrar al IMSS, ISSSTE y al IMSS-Bienestar, que intercambie servicios brindados entre ellos, fue presentado con ese objetivo: derribar barreras administrativas y crear un mercado interno de atención médica.
Esa simplicidad aparente, sin embargo, oculta una realidad menos halagüeña. Para que un sistema de compensación funcione realmente, se requieren dos condiciones de supuestos económicos básicos:
Hoy, ninguna de esas condiciones se cumple en México.
El contexto económico para 2026 es restrictivo, y los recursos asignados al sector salud siguen siendo marginales. El gasto per cápita para la población sin seguridad social —a cargo de IMSS-Bienestar— es considerablemente menor al de los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, lo que rompe con la lógica económica que hace viable la compensación entre instituciones.
Esto crea un desequilibrio estructural: si la institución “compradora” no cuenta con la liquidez para pagar a precio real, el proveedor termina absorbiendo el costo. En la práctica, ello significaría que el propio IMSS tendría que subsidiar la atención de población sin seguridad social con las cuotas obrero-patronales que hoy mantienen su operación, se imagina usted eso.
El problema no es únicamente financiero, sino también jurídico. El marco legal actual —incluida la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE— no contempla este tipo de esquemas de intercambio universal. Sin reformas profundas que actualicen y armonicen la regulación de todas las instituciones del sistema de salud, la creación de una cámara de compensación es, en rigor, inviable.
A esto se suma la evidente asimetría institucional: el IMSS y el ISSSTE tienen infraestructura más robusta, personal más consolidado y mayores recursos que la red del IMSS-Bienestar, encargada de atender a la población sin seguridad social. La expectativa de que la demanda fluya con libertad hacia donde exista mayor capacidad resolutiva —lo que en economía de la salud se conoce como “efecto rebaño”— podría saturar aún más a las instituciones más fuertes sin que existan mecanismos efectivos para compensar o equilibrar ese flujo.
Más aún, el déficit operativo del Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS, que en 2024 superó los 110 mil millones de pesos, y el déficit del Seguro de Salud del ISSSTE de más de 15 mil millones, muestran que incluso sin la universalización, el sistema actual ya enfrenta tensiones profundas en su financiamiento y sostenibilidad, donde lo vemos más tangible, en las medicinas.
En este contexto, propuestas que pretenden unificar servicios sin una base sólida de financiamiento, leyes adecuadas y capacidades operativas equilibradas no eliminan la fragmentación del sistema; más bien, corren el riesgo de trasladar la insolvencia de algunas instituciones a todo el sistema, comprometiendo su estabilidad técnica.
La universalización es, sin duda, un ideal ético: el acceso a la salud es un derecho. Pero la viabilidad financiera y técnica es un imperativo igualmente vital. Sin garantizar una base presupuestaria real, sin reformas jurídicas claras y sin mecanismos de financiamiento sostenibles, hablar de un sistema universal es más aspiración que proyecto realizable.
Antes de abrir las puertas de los hospitales de par en par, México necesita fortalecer el IMSS-Bienestar, cerrar las brechas de inequidad en gasto per cápita y asegurar una asignación presupuestal que realmente apoye la sostenibilidad de todas las instituciones. Solo entonces la universalidad dejará de ser una declaración retórica y podrá convertirse en un sistema funcional y duradero.
Pero eso, al menos en este gobierno, no lo vamos a ver.
César Calandrelly
Comunicólogo / Analista Político
