A pesar de los avances que el Gobierno Federal ha impulsado para ampliar el acceso a la salud y a los apoyos sociales en todo el país, la gobernadora de Chihuahua ha optado por no adherirse al programa IMSS-Bienestar y tampoco ha firmado el convenio para hacer universal la beca para personas con discapacidad.
Estas decisiones no solo tienen implicaciones políticas, sino que afectan directamente a decenas de miles de chihuahuenses que hoy enfrentan mayores obstáculos para acceder a servicios de salud y apoyos sociales fundamentales.
El IMSS-Bienestar es una de las principales estrategias del Gobierno de México para garantizar el acceso gratuito a servicios de salud a personas sin seguridad social. A la fecha, 23 estados se han adherido al modelo, transfiriendo infraestructura, personal y presupuesto al IMSS para su operación. La gobernadora María Eugenia Campos se ha negado a que Chihuahua sea uno más.
La mandataria estatal ha argumentado que el sistema estatal de salud debe mantenerse bajo control del gobierno local para asegurar su operatividad, eficiencia y soberanía. También ha expresado dudas sobre la eficacia y sostenibilidad del modelo federal, y ha insistido en que su administración trabaja en fortalecer el sistema estatal con recursos propios.
Sin embargo, en los hechos, esta postura ha dejado sin acceso a servicios de salud de calidad a más de 800 mil chihuahuenses que no cuentan con seguridad social. La no adhesión también implica la pérdida de recursos federales, equipos médicos y personal para mejorar de manera determinante que la atención a los ciudadanos, como ya ocurre en otras entidades.
A pesar de que se le ha insistido, la gobernadora se sostiene en la negativa a que Chihuahua se adhiera al IMSS-Bienestar.
Otro desacuerdo con el Gobierno Federal es la negativa del gobierno estatal a firmar el convenio para que la pensión para personas con discapacidad sea universal en Chihuahua, como ya ocurre en más de 20 estados.
Este acuerdo implica una coinversión: el gobierno federal pone el 50% y el estatal el otro 50%, con lo que se garantiza un apoyo mensual a todas las personas con discapacidad de 0 a 64 años, sin restricciones socioeconómicas.
La negativa de la gobernadora ha dejado fuera del beneficio a más de 40 mil personas en el estado que podrían estar recibiendo un ingreso que representa una mejora significativa en su calidad de vida.
La falta de voluntad política en este tema genera desigualdad entre los ciudadanos de Chihuahua y los de otros estados que sí han sido beneficiados por la universalización de esta beca.
Aunque los argumentos esgrimidos por el gobierno estatal apuntan a la autonomía, la eficiencia y el cuidado del presupuesto, no puede ignorarse el trasfondo político.
La gobernadora representa a una fuerza opositora al Gobierno Federal, y sus decisiones reflejan una estrategia de diferenciación política más que una evaluación técnica de lo que beneficia a la ciudadanía.
Ambos temas —la salud y los apoyos por discapacidad— son derechos humanos, no banderas partidistas. Y las decisiones que afectan a los sectores más vulnerables no deberían ser tomadas con base en intereses políticos, sino en función del bienestar de las personas.
La no adhesión de Chihuahua al IMSS-Bienestar y la negativa a firmar el convenio para universalizar la beca para personas con discapacidad son decisiones que están teniendo consecuencias graves para miles de familias en el estado.
En lugar de cerrar filas con una política nacional que busca justicia social, el gobierno estatal ha optado por aislarse, incluso a costa de quienes más necesitan apoyo.
Es momento de replantear estas posturas, de poner a las personas por encima de los intereses políticos y de construir puentes entre los gobiernos por el bien de todos los chihuahuenses.
Pedro Torres
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