Amigos, como lo he venido diciendo en distintos espacios, y especialmente en el episodio pasado del podcast Alvin y El Cura, se me hace inconcebible que el PAN esté buscando echar para atrás, en lugar de asumir y acatar la necesidad de adoptar nuevas posturas en el tema de las regidurías.
Seamos claros: lo que estamos viendo es que el PAN ha encontrado en el mecanismo de elección por planillas —es decir, regidores “en combo” con la elección de presidente municipal— una cuota de poder para los partidos, incluso cuando la mayoría de las veces no obtienen la presidencia municipal. En los hechos, es como si fueran los “pluris” del municipio. Este esquema solo tiene de “democrático” la imagen de quien encabeza la lista, porque en la práctica se vota por el presidente municipal y los demás entran de “pilón”.
Ahora vayamos a la teoría. Si el Ayuntamiento —según la doctrina— es el gobierno más cercano a la ciudadanía, ¿por qué el PAN y algunos actores a nivel nacional no quieren que los regidores sean electos directamente? ¿Por qué insisten en un mecanismo que, en la práctica, funciona como una bolsa de lugares para quienes no alcanzaron la presidencia municipal?
Porque cuando se nos pide votar por el alcalde y entra una planilla “a modo”, ¿dónde queda la pluralidad y la representación real en el Cabildo? Si somos realistas, en este modelo ni siquiera conocemos a quienes, en teoría, deben ser nuestra voz ante la autoridad. Y se convierte, entonces, en una mayoría encabezada por un equipo; mientras que los espacios de otras fuerzas políticas quedan, muchas veces, sin capacidad real para impulsar o aprobar propuestas que no coincidan con la línea del presidente municipal.
La reforma electoral en la materia establece que el Congreso debe realizar adecuaciones 365 días antes del inicio del proceso electoral 2026–2027. Por otro lado, el INE ya hizo su parte: instruyó trabajos para presentar el proyecto de delimitación territorial de demarcaciones municipales electorales para el estado. Mientras tanto, el PAN sigue pensando en dejar a la ciudadanía sin esta posibilidad de representación real, porque, en su lógica de control, obtiene más espacios con el esquema actual que con el simple hecho de ir a pedir el voto directo, dar la cara y competir.
Estamos ante un escenario claro: cada vez más cargos públicos se eligen de manera directa, y aquí seguimos discutiendo un retroceso.
El argumento que suelen esgrimir algunos panistas —y aquí no voy a decir nombres ni apellidos, porque no se trata de “quemar” a nadie— es pobre: dicen que esto agregará más gasto público, que tendrá un costo electoral más alto. La verdad es que esa no es una excusa suficiente. Se preocupan más por el gasto que por lo que su propio trabajo les demanda. Y con una ciudadanía más cercana a sus mandatarios y representantes, la democracia mejora.
Presumen haber defendido históricamente la democracia en México, pero su discurso actual parece oponerse a ella: buscan conservar espacios que no representan de forma auténtica a la ciudadanía y nos arriesgan a un retroceso en un derecho por el que tanto se ha luchado. Porque aquí no se trata de dinero: se trata de estar mejor representados, con un representante cercano y responsable ante la gente; no alguien “virtual”, listo para la foto con el proyecto en turno y el presidente en turno, mientras el trabajo real se deja para “después”.
¿De qué forma podemos tener una pluralidad mejor en los Ayuntamientos? Frenar esta reforma es solo argumentar sin razón y defender algo que, para cualquier demócrata medianamente racional, sería indefendible.
Lo he dicho y lo sostengo: si quieren, díganme idealista, pero no creo que haya una mejor manera de usar el gasto público que en una elección, porque es el reforzamiento puro de la democracia: un derecho que, a nivel mundial, millones de ciudadanos han buscado para vivir en un sistema donde el pueblo manda. Y, sin embargo, recaemos en lo mismo: el sistema político mexicano se está convirtiendo, cada vez más, en un instrumento para conseguir poder, más que en un verdadero medio para representar y servir.
La democracia no se frena; se fortalece. Debería ser un proyecto de nación que cualquier demócrata comparte. La idea nunca debería ser atrasar esto; al contrario: implementar de la manera más correcta posible, evaluar y, con base en evidencia, legislar mejor. Y, si nos vamos a los datos, el Congreso ya incumplió plazos innecesariamente. La ley está estorbándole a unos cuantos para conservar el control de planillas: los “pluris municipales”. ¿De verdad les preocupa la gobernabilidad?
A ver: el PAN dice que serían más de 20 mil millones de pesos lo que costaría organizar elecciones para regidores. Pero, hoy, ¿cuánto nos cuesta un Cabildo que, la mayoría de las veces —y hablo de lo que se ve en la práctica—, en el 95% de los casos a nivel nacional, tiene regidores que no hacen su trabajo? El ciudadano promedio no sabe quién lo representa dentro del Cabildo. Son contados los casos en los que realmente se dan a notar; y su función se reduce, muchas veces, a cumplir con un proceso que termina pareciéndose más a un protocolo gubernamental que a un verdadero ejercicio de deliberación.
Y es que la gobernabilidad no debe significar obediencia. La función básica de un Cabildo es deliberar y controlar; no ser una extensión administrativa, sujeta a un protocolo que, por momentos, parece más diplomático que político.
Si el PAN piensa que el diseño de un proceso electoral de este tipo es imperfecto, la solución no es negar o atrasar una necesidad evidente para evolucionar hacia una democracia más representativa. Los ejercicios en campo, la discusión pública y los mecanismos institucionales que ya existen deben ser la tarea principal de nuestros diputados locales; no buscar reflectores mal dirigidos, frenando un derecho fundamental: el de estar debidamente representados, con reglas bien escritas, igualdad de oportunidades para quienes quieran participar y sin restricciones injustificadas.
Alvin Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
