“Hay un Plan C, que no estén pensando que ya terminó todo.”
López Obrador al presentar su propuesta de alcanzar el “carro completo”
en las elecciones del 2024 y con ello continuar con la implementación
de su agenda política.
Cuando López Obrador llegó al poder, en el 2018, lo hizo claramente sobre una plataforma de cambio. Pero no un cambio cosmético como el que en su momento desarrolló el PAN con Vicente Fox en el año 2000. Para el panista, encabezar el gobierno del “cambio” solo supuso un quítate tu para ponerme yo con el priismo, y en algunos casos, ni siquiera eso.
Es importante recordar que, para esa fecha, el “mal humor” social, como lo describió Peña Nieto, ya llegaba a niveles intolerables. La corrupción, los abusos de poder, el despilfarro y el descaro de las elites gobernantes en colusión con la oligarquía empresarial ya no daba para más, por lo que la sociedad mexicana votó de manera decidida por el cambio de régimen.
El problema fue que, a pesar de que Fox tuvo la habilidad mercadológica para venderse como el único capaz de echar al PRI de los pinos, y con ello acabar con el tan detestado régimen, a la hora de la verdad, los cambios fueron si acaso superficiales. Para el ciudadano promedio, todo siguió igual.
El sistema neoliberal implantado por el ala derecha del PRI a partir del 88 fue reforzado por el PAN, ahora en el gobierno, en concordancia y en plena congruencia con su ideario político. Los bajos sueldos a la clase trabajadora, la privatización de todo lo que tocara el gobierno, y un Estado plegado a los intereses del mercado en todos los sentidos incluyendo el ámbito político siguieron su rumbo como si esa fuera el destino fatal de nuestra Nación.
La fiesta de los millones para el grupúsculo dominante, beneficiarios del “capitalismo de cuates”, se acabó en el 2018, cuando López Obrador ganó las elecciones presidenciales de manera contundente, dando inicio, esta vez sí, a un verdadero cambio de régimen tanto en lo económico como en lo social.
Poco a poco fue introduciendo cambios en las leyes y en las formas de a hacer política, para beneplácito de sus seguidores y coraje de sus opositores -En todos los nichos del espectro económico- pero, aunque el triunfo de su partido y de sus aliados fue amplio, no le dio para alcanzar los cambios constitucionales que el obradorismo necesitaba, para eso, había que negociar con la oposición.
La negociación política entre fuerzas disímbolas inclusive antagónicas es algo normal en un sistema democrático como el nuestro, la propia coalición oficialista está compuesta por fuerzas tanto de derecha como de izquierda, que se agrupan alrededor de la agenda progresista que planteó Lopez Obrador, y que es el eje de su movimiento.
Y aunque el consenso es deseable en cualquier reforma política, este no es obligatorio. La fuerza mayoritaria tiene el derecho de sacar adelante su agenda ya sea consenso o por mayoría, especialmente si la oposición se niega a debatir, como fue el caso de la propuesta de reforma electoral que Lopez Obrador planteo en la segunda mitad de su gobierno.
El prianismo se declaró en lo que ellos denominaron “moratoria constitucional”, negándose de manera sistemática siquiera a leer las propuestas de reforma que Lopez Obrador presentara, sabiendo que el obradorisno no contaba con los votos suficientes para una reforma constitucional. Pensaron que con boicotear la discusión de las iniciativas de ley, estás nunca avanzarían en el proceso legislativo.
¿Que hizo entonces Lopez Obrador para sacar adelante sus reformas? ¿Se robó las elecciones? ¿Se hizo un autogolpe de estado? ¿Disolvió el Congreso? ¿Pidió un préstamo al FMI? Desde luego que no, para todas estas preguntas la respuesta es no, nada de eso hizo. Lo que si hizo es algo que para la oposición resulta impensable: llamó a la sociedad mexicana a expresarse libremente en las urnas apoyando lo que se conoció coloquialmente como el Plan C.
Este Plan C fue un compendio de un par de decenas de reformas estructurales que requerían forzosamente una mayoría calificada, con la mayoría simple no era suficiente porque se trata de cambios a la Constitución; era imprescindible que la sociedad mexicana votara de manera abrumadora por los candidatos del movimiento obradoriasta como, a final de cuentas sucedió.
Como resultado de ese amplio triunfo, podemos llamarlo voto de confianza, que la sociedad mexicana le otorgo al obradorismo, es que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum presenta al Congreso la iniciativa de reforma para modificar nuestro sistema electoral.
Todavía no se inicia el debate sobre la misma y ya la oposición esta descalificándola, asegurando que es una regresión autoritaria, y que si sus opiniones no se toman en cuenta, entonces sería una reforma ilegitima.
Desde luego que lo que mas les duele, y que es un clamor popular, es la reducción tanto del beneficio financiero que obtienen en forma de prerrogativas económicas, como la modificación en el mecanismo de elección de l@s diputad@s llamados plurinominales, el cual se propone pasar de una lista donde siempre están los mismos de siempre, a un sistema donde se agregue a aquellos que hayan recibido más votos.
Hay mas elementos que mas adelante analizaremos, pero por el momento sol hay una cosa que dejar en claro, el gobierno de la doctora Sheinbaum tiene toda la legitimidad que nuestra democracia le puede dar para sacar adelante esta reforma, con o sin la oposición, inclusive con o sin los partidos aliados, que, en un momento dado, pueden mostrar sus verdaderos intereses y darle la espalda a la sociedad.
Es cuánto.
José Antonio Blanco
Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001.
En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa.
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