Hoy la política ya no se gana únicamente en las urnas.
Cada vez más, se disputa en redes.
Vivimos una etapa en la que una tendencia pesa más que un dictamen, un hashtag genera más impacto que un proceso legal y una narrativa logra mayor alcance que los hechos. Las redes sociales, sin duda, han ampliado la participación pública y han abierto espacios que antes estaban cerrados; sin embargo, también han introducido una distorsión profunda en la forma en que entendemos, discutimos y evaluamos la democracia.
Las redes sociales complementan la democracia representativa, pero al mismo tiempo la deforman. No la sustituyen, pero sí la aceleran a un ritmo que muchas veces vuelve imposible la reflexión, la verificación y el análisis.
Hoy, la gente se forma una opinión más por lo que le hace sentir una publicación que por lo que está comprobado. Todo va tan rápido que casi no hay tiempo para pensar: gana el WhatsApp, se pierde el contexto, y la política se vuelve reacción, no conversación.
La pregunta de fondo no es si las redes son buenas o malas, sino quién controla la narrativa que circula en ellas.
Cada vez resulta más evidente que distintos actores políticos —gobiernos, partidos y grupos de interés— buscan dominar la conversación digital. No se trata de convencer con razones, sino de imponer un relato. Hoy no se compite por tener la mejor idea, sino por ocupar el algoritmo. La política deja de ser un ejercicio de deliberación y se transforma en una disputa por visibilidad.
En ese contexto aparecen los bots y las operaciones digitales coordinadas. No siempre son ilegales, no siempre son evidentes y, por eso mismo, se mueven en una zona gris que ha sido normalizada. El problema no es la tecnología; el problema es la ausencia de reglas claras y, sobre todo, la falta de consecuencias. El ciudadano promedio no distingue entre una conversación orgánica y una estrategia diseñada para manipular percepciones. Lo que parece debate público muchas veces es ingeniería social.
A esta distorsión se suma otro fenómeno preocupante: la confusión entre información y opinión. Hoy se otorga valor de verdad a publicaciones que no provienen de fuentes confiables ni de instituciones verificables. Incluso declaraciones hechas por funcionarios en redes sociales se asumen como hechos, cuando en realidad no constituyen actos de autoridad ni decisiones formales.
No todo lo que se publica es información, y no todo funcionario es una fuente confiable.
Si no hay respaldo institucional, verificación documental o comunicación oficial confirmada, lo que circula en redes debe entenderse como lo que es: opinión, no noticia.
Este mismo problema se reproduce en muchos medios digitales que han abandonado el profesionalismo informativo para convertirse en plataformas de empuje narrativo. No informan: posicionan. No contrastan: polarizan. Y eso tiene efectos reales sobre la percepción pública.
Uno de los efectos más graves de este entorno es el linchamiento digital. Hoy, la reputación de una persona puede quedar destruida antes de que exista cualquier proceso legal. En algunos casos, el linchamiento se presenta como una forma de justicia social; sin embargo, la mayoría de las veces funciona como una válvula de escape emocional colectiva, sin filtros, sin contexto y sin responsabilidad.
Existe un límite que no puede ignorarse. Cuando la crítica se convierte en persecución, y especialmente cuando se basa en condiciones como la raza, el sexo o la orientación, deja de ser libertad de expresión y se transforma en violencia digital. Ese tipo de prácticas no ayudan a la democracia; la van desgastando.
Que todo se mueva tan rápido tiene dos caras: por un lado, más gente participa; por el otro, se habla peor. Hoy pesan más los sentimientos que los datos, y más lo que “parece” que lo que realmente es. En redes se aplaude al que divide y se ignora al que explica. Al final, temas complicados se vuelven frases fáciles, y si alguien intenta matizar, lo toman como si fuera debilidad.
Ante este panorama, no sirve buscar a un solo culpable. La responsabilidad es de todos, porque el problema se alimenta desde varios frentes. Las plataformas digitales no pueden lavarse las manos: si su negocio depende de mantenernos pegados a la pantalla, también deben hacerse cargo del impacto que generan. Los medios digitales, por su parte, tienen que volver a lo básico: informar con seriedad, separar la noticia de la opinión y no vender el escándalo como si fuera verdad. Y nosotros, como ciudadanos, también tenemos una tarea a la que no nos podemos negar: pensar antes de compartir, revisar antes de acusar y entender que un “reenviar” también puede hacer daño.
La solución no está en censurar ni en cerrar la boca a la gente. No se trata de cortar la libertad de expresión, sino de usarla con responsabilidad. Lo que hace falta es educación y conciencia: entender que las palabras no se las lleva el viento, y que en redes pueden convertirse en presión, en linchamiento o en mentira repetida mil veces. Un comentario puede afectar la reputación de alguien, romper relaciones, provocar miedo o, en casos graves, meter a una persona en problemas legales. Y aun cuando no haya delito, sí puede haber daño: humano, social y moral.
Esa educación no empieza con una ley; empieza en casa. Se construye en la familia, se refuerza en la escuela, se practica en la comunidad y se exige desde las instituciones. Aprender a distinguir una fuente confiable, a reconocer cuando algo es opinión y no noticia, a no caer en provocaciones, y a no convertir la diferencia en odio. Porque una sociedad que discute con respeto no es una sociedad débil: es una sociedad madura.
Por eso hay que decirlo sin rodeos: no todo lo que se dice es cierto. Y en tiempos de incertidumbre, la verdad no se vota; se verifica. Si algo no está confirmado por una fuente confiable, no merece nuestra certeza, y mucho menos nuestro tiempo.
Las redes sociales ya son el nuevo campo de batalla política, pero también el escenario donde se juegan nuestras relaciones de todos los días. La pregunta no es si podemos evitarlas, porque no podemos. La pregunta es otra, y es más exigente: ¿vamos a aprender a usarlas con responsabilidad, o vamos a seguir usándolas solo para pelear, exhibir y destruir?
Alvin Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
