En México, la justicia se ha convertido en un mal chiste. Un sistema que, en lugar de castigar a los criminales, les premia con beneficios procesales, salidas anticipadas y reducciones absurdas de pena. Así lo dicta la Ley Nacional de Ejecución Penal, que permite que cualquier delincuente, incluso el más cruel, pueda quedar en libertad al cumplir apenas la mitad de su condena. No importa si mató, si violó, si desmembró un cuerpo o si lo abandonó en una fosa: con “buena conducta” y un poco de cinismo, puede salir caminando por la puerta grande.
Este absurdo legal cobra una dimensión monstruosa cuando lo aterrizamos en el caso del crematorio clandestino de Ciudad Juárez, donde fueron hallados 386 cuerpos apilados, tratados como desechos, como basura. Y sin embargo, los responsables de este acto atroz, si acaso pisan la cárcel, podrían estar libres en apenas tres años. Tres años por deshonrar la memoria de cientos de personas. Tres años por ultrajar los cuerpos, por el dolor de cientos de familias juarenses. ¿Eso es justicia? ¿Eso es lo que merece Ciudad Juárez?
Lo digo con claridad: no. Esto es una traición a nuestra dignidad. Esto es una bofetada que viene desde el centro del país, desde el régimen centralista, desde los escritorios de quienes jamás han pisado esta tierra, pero que se creen con el derecho de decidir cómo debemos tratar a los criminales que nos hieren. Mientras en el norte enterramos víctimas, allá liberan a los verdugos. Mientras aquí exigimos justicia, allá regalan clemencia. No vamos a permitirlo.
Desde el Congreso del Estado, como el primer servidor de los chihuahuenses, presenté la reforma necesaria para devolverle a Chihuahua su soberanía en materia penal. La Ley Jasiel para blindar a nuestro estado, proteger a nuestras familias, para poner un alto definitivo a esta lógica perversa que privilegia al delincuente y desprecia a la víctima.
Una reforma que le regrese al estado la facultad de establecer un catálogo de delitos que jamás, bajo ninguna circunstancia, puedan recibir beneficios de liberación anticipada: asesinato, violación, infanticidio, el trato inhumano, las masacres, el terrorismo que tanto dolor sigue causando.
Porque no puede haber “buen comportamiento” que borre un crimen atroz. Porque no se repara un daño brutal con talleres y certificados de conducta. Y porque quien rompe irremediablemente la vida de otros, debe pagar con la suya: tras las rejas, sin descuentos, sin privilegios, sin negociaciones.
Chihuahua tiene derecho a defender su soberanía jurídica. Tiene derecho a decidir cómo castiga a quienes desangran nuestras calles. Y sobre todo, tiene el deber moral de estar del lado de las víctimas, no de sus verdugos.
Hoy más que nunca, Chihuahua debe gobernarse desde Chihuahua. No más imposiciones centralistas que nos obligan a liberar a quienes han destruido familias. No más leyes pensadas para proteger a los criminales. Aquí, en el norte, entendemos lo que significa el dolor, el luto, la pérdida. Por eso, aquí también debe nacer la justicia.
A las víctimas del crematorio, les debemos verdad, les debemos memoria, pero sobre todo, les debemos que los culpables no vuelvan a salir. Nunca más.
Francisco Sánchez Villegas
Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo.
Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad.
Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil.
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