El pasado 10 de septiembre , el Puente de la Concordia en Iztapalapa se convirtió en el epicentro de una tragedia que no solo dejó ocho personas muertas y más de 90 heridas, sino que también reveló, con brutal claridad, las grietas de un sistema que ha normalizado la negligencia. La explosión de una pipa de gas LP, propiedad de la empresa Silza, no fue un accidente fortuito. Fue el resultado de una cadena de omisiones, falta de regulación efectiva, mantenimiento deficiente y una cultura institucional que responde tarde, mal y nunca.
Las imágenes del incendio recorrieron el país: llamas de más de 30 metros, vehículos calcinados, cuerpos quemados, gritos de auxilio. Pero detrás del espectáculo mediático hay historias que merecen ser contadas con dignidad. María Coral Montes recibió audios de su hijo Kevin, de 19 años, minutos después del estallido: “Mamá, ayúdame, estoy todo quemado”. La voz de un joven que no sabía si sobreviviría, y la angustia de una madre que no sabía dónde encontrarlo, son el retrato íntimo de una tragedia pública. Alicia, una mujer que cubrió con su cuerpo a su nieta durante el incendio, sufre quemaduras en el 98% de su cuerpo. ¿Cómo se consuela a quienes lo dieron todo por salvar a otros, cuando el Estado no hizo lo mínimo para prevenir?
El chofer de la pipa, que sobrevivió pero se encuentra grave, también es parte de esta historia. No como villano, sino como pieza de un engranaje que opera bajo presión, con vehículos que muchas veces no cumplen con los estándares mínimos de seguridad. La empresa Silza asegura tener pólizas de seguro vigentes, pero eso no responde a la pregunta esencial: ¿por qué una unidad con 49 mil litros de gas circulaba en condiciones que permitieron una volcadura y una explosión de tal magnitud?
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente han iniciado investigaciones. Pero la pregunta no es solo si se cumplió la ley, sino si la ley es suficiente. ¿Cuántas pipas circulan sin mantenimiento adecuado? ¿Cuántos conductores trabajan jornadas extenuantes, sin capacitación ni respaldo? ¿Cuántos puentes, avenidas y rutas urbanas están diseñadas para soportar el tránsito de unidades tan peligrosas?
La explosión en Iztapalapa revive el fantasma de San Juanico, aquella tragedia de 1984 que dejó 498 muertos y más de 4 mil heridos. Han pasado más de 40 años, y seguimos sin una política integral de transporte de materiales peligrosos. Las normas existen, pero su aplicación es errática, su fiscalización débil, y su actualización casi inexistente. El resultado: vidas perdidas, familias rotas, y una ciudadanía que cada vez confía menos en sus instituciones.
La respuesta gubernamental ha sido rápida en términos de atención médica y apoyo a las víctimas. Se activaron protocolos de emergencia, se trasladaron heridos a hospitales especializados, y se ofrecieron apoyos económicos. Pero lo que se necesita es una respuesta estructural. No basta con acompañar el duelo; hay que evitar que se repita. La tragedia del Puente de la Concordia debe ser un parteaguas: que se revisen las rutas de transporte de gas, que se auditen las empresas, que se actualicen los protocolos de emergencia, y que se escuche a las víctimas como voces que exigen justicia, no como cifras que se olvidan.
Además, es urgente revisar el papel de las aseguradoras, que muchas veces operan más como blindaje empresarial que como garantía de reparación. ¿Qué cobertura real tienen las víctimas? ¿Qué mecanismos existen para que las familias reciban atención psicológica, jurídica y económica sin tener que enfrentar un laberinto burocrático? La justicia no puede depender de la capacidad de las víctimas para litigar. Debe ser proactiva, accesible y humana.
También es momento de cuestionar el modelo de urbanización que permite que unidades con materiales altamente inflamables circulen por zonas densamente pobladas, sin rutas exclusivas ni horarios restringidos. ¿Por qué no existen corredores seguros para el transporte de gas LP? ¿Por qué no se ha implementado una política nacional de movilidad para sustancias peligrosas? ¿Por qué seguimos improvisando ante lo inevitable?
Hoy, lamentablemente, fue en el Estado de México. Pero si no hay regulación, mañana puede ser en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Veracruz, en cualquier parte del país. Porque el riesgo no distingue coordenadas, y la negligencia tampoco. Lo que ocurrió en Iztapalapa no es una excepción: es una advertencia.
La tragedia del Puente de la Concordia no debe ser solo una nota roja. Debe convertirse en una plataforma de exigencia ciudadana. Porque si el gas que explotó no solo quemó cuerpos, sino que iluminó la negligencia que nos rodea, entonces el verdadero crimen sería el olvido. Y el olvido, en México, suele ser institucionalizado.
No busco querido lector señalar con el dedo, sino con el corazón. Porque detrás de cada cifra hay una historia, y detrás de cada historia hay una omisión. El Estado mexicano tiene una deuda con quienes murieron, con quienes sobrevivieron, y con quienes aún esperan respuestas. Que esta explosión no sea solo un episodio más en la larga lista de tragedias evitables, sino el inicio de una reforma profunda.
Que se escuche a las víctimas. Que se responsabilice a las empresas. Que se legisle con visión. Que se fiscalice con rigor. Que se repare con humanidad.
Y mientras tanto, que no se nos olvide el nombre de Kevin, de Alicia, del chofer sin rostro, de los ocho fallecidos, de los 94 heridos. Que no se nos olvide que el dolor también puede ser motor de cambio. Porque si no aprendemos de esta tragedia, estaremos condenados a repetirla. Y entonces, el verdadero crimen será el silencio.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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