Hay gobiernos que mienten por torpeza y otros que lo hacen por convicción. El nuestro pertenece a la segunda categoría. Cuando la mentira deja de ser un recurso ocasional y se convierte en método, la tragedia ya no es accidente: es consecuencia. Y cuando esa consecuencia se repite, no hay duda posible, hay responsabilidad política.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca dejó trece personas muertas y casi un centenar de heridas, varias de ellas de gravedad. Una tragedia más en un país que acumula víctimas mientras el poder se esfuerza más en administrar el discurso que en enfrentar la realidad. Lo ocurrido no es solo una falla técnica pendiente de esclarecer, es una expresión clara de un Estado que ha normalizado la corrupción, la negligencia y la simulación.
La primera reacción oficial no fue de conmoción ni de autocrítica. Fue de contención narrativa. Durante horas, la información se dosificó, se redujo, se suavizó. No por ignorancia, sino por cálculo. Esa práctica ya es conocida: minimizar primero, ajustar después, aceptar lo inevitable cuando ya no hay forma de ocultarlo. No es desorganización, es estrategia.
El lenguaje juega un papel central en esa estrategia. No se trata solo de qué se dice, sino de cómo se dice. Las palabras se eligen para amortiguar la gravedad, para convertir una tragedia humana en un asunto administrativo. Así se diluye la responsabilidad. Así se transforma la muerte en una molestia operativa. No es casual, es un reflejo de un poder que no sabe (o no quiere) hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones.
Pero el problema no es un tren. El problema es el país que hace posible que esto ocurra una y otra vez. El mismo país donde se han documentado Campos de Exterminio sin una respuesta institucional proporcional al horror. Donde hay miles, decenas de miles, quizá cientos de miles de personas desaparecidas, cuyos nombres se pierden entre estadísticas y carpetas de investigación que no avanzan. Familias obligadas a buscar con sus propias manos porque el Estado decidió no hacerlo.
Ese abandono tiene causas claras. La destrucción sistemática de la justicia es una de ellas. Lo que se ha hecho con el Poder Judicial (debilitarlo, someterlo, desacreditarlo) y lo que deliberadamente no se ha hecho con el Ministerio Público explican buena parte de la impunidad. Fiscalías sin capacidad o sin voluntad. Ministerios Públicos que no investigan, no consignan y no responden. Un sistema diseñado no para impartir justicia, sino para administrarla políticamente.
No es un fenómeno nuevo. El accidente del Metro en la Ciudad de México dejó un antecedente imborrable. Muertes evitables, advertencias ignoradas, mantenimiento postergado, responsabilidades diluidas. El patrón es el mismo: negligencia previa, tragedia, discursos defensivos, apoyos económicos, carpetas abiertas que no llegan a nada. Y después, el olvido institucional.
Hablar de democracia real en este contexto resulta casi ofensivo. Hay elecciones, sí, pero sin contrapesos efectivos, sin instituciones autónomas fuertes y con un sistema judicial erosionado, la democracia se reduce a una puesta en escena. Un ritual que convive cómodamente con la corrupción y la impunidad.
El gobierno que se autodenomina humanista no actúa desde la conciencia, sino desde la incomodidad. Las tragedias no lo interpelan, lo estorban. Visita hospitales, anuncia apoyos económicos, promete ayudas funerarias y pretende cerrar el capítulo. Treinta mil pesos por familia.
Esos centavos huelen y saben a recursos públicos mal usados, a corrupción acumulada, a negligencia institucional. Huelen a muerte en el tren, pero también a muerte de las instituciones, de la justicia, de la democracia y de la decencia mínima que sostenía la esperanza.
México se ha convertido en un país funerario. Un país donde la tragedia se administra, la corrupción no indigna y la responsabilidad se evade. Y cuando el poder deja de sentir vergüenza, lo único que sigue es el silencio. Y después, inevitablemente, más muertos.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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