En la Sierra Tarahumara, donde habita el pueblo rarámuri, persiste una realidad que no puede seguir siendo suavizada con el lenguaje de la costumbre: los embarazos infantiles no son tradición, son violencia. Cuando una niña se convierte en madre, no estamos ante una expresión cultural legítima, sino frente a una vulneración grave de derechos humanos.
Las cifras son alarmantes. En 2025, en el Centro Materno de Parral, de casi 1,300 mujeres que dieron a luz, alrededor del 40% fueron menores de edad. Es decir, casi cuatro de cada diez partos correspondieron a niñas y adolescentes. Esta proporción no puede entenderse como una simple estadística demográfica: es un indicador de desigualdad estructural, de ausencia institucional y, en muchos casos, de delitos que no se denuncian ni se investigan.
La legislación mexicana es clara: las relaciones sexuales con menores de 15 años constituyen violación equiparada, sin que el consentimiento tenga validez jurídica. Incluso en adolescentes mayores, las asimetrías de edad, poder, dependencia económica y presión comunitaria cuestionan profundamente la idea de un consentimiento libre e informado. Llamar a esto “usos y costumbres” no solo es impreciso; es una forma de normalizar el abuso.
Es fundamental señalar que reconocer esta problemática no implica estigmatizar al pueblo rarámuri. Al contrario: implica exigir que las niñas indígenas reciban la misma protección que cualquier otra niña en el país. La interculturalidad no puede convertirse en tolerancia frente a la violencia sexual. El respeto a la diversidad cultural tiene límites claros cuando se vulneran derechos fundamentales.
Uno de los grandes vacíos es la falta de campañas de educación sexual y reproductiva en lengua rarámuri. No basta con trasladar materiales en español a comunidades rurales. Se requiere información accesible, culturalmente pertinente y transmitida por personal capacitado que comprenda el contexto comunitario. La ausencia de datos claros sobre anticonceptivos, prevención de violencia sexual y rutas de denuncia perpetúa el ciclo de embarazo infantil.
A esto se suma la opacidad respecto a las interrupciones legales del embarazo. Muchas mujeres —y también muchos hombres— desconocen que existen causales legales para interrumpir un embarazo, y que en distintas entidades federativas la despenalización en las primeras semanas es una realidad. La desinformación genera miedo, culpa y silencio, especialmente en contextos donde el aislamiento geográfico limita el acceso a servicios de salud.
La cercanía del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, obliga a poner este tema sobre la mesa. Esta fecha no es meramente simbólica: conmemora más de dos siglos de lucha por derechos civiles, políticos y reproductivos. Defender los derechos de las mujeres implica también defender a las niñas indígenas que hoy enfrentan maternidades forzadas.
Promover el uso de anticonceptivos no es imponer valores externos; es ampliar opciones. Explicar con claridad los mecanismos legales para interrumpir un embarazo no es fomentar irresponsabilidad; es garantizar que ninguna menor sea obligada a continuar una gestación producto de violencia. La política pública debe ser integral: educación sexual en lengua originaria, acceso real a métodos anticonceptivos, fortalecimiento de los servicios de salud, acompañamiento jurídico y sanción efectiva de agresores.
El Estado tiene la obligación de estar presente en la Sierra no solo con programas asistenciales, sino con una estrategia sostenida de prevención y protección. Cada niña que abandona la escuela para asumir una maternidad temprana es una oportunidad truncada. Cada embarazo infantil que se normaliza es una señal de que algo no está funcionando.
Nombrar esta realidad es incómodo, pero necesario. Los derechos de las mujeres no son concesiones culturales ni negociables. Las niñas rarámuri merecen crecer, estudiar, decidir sobre su cuerpo y su futuro. Y como sociedad, no podemos seguir llamando tradición a lo que, en esencia, es violencia.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.
